HERMOSILLO.- En el Estado de Sonora será castigada cualquier forma de violencia contra la mujer y su intimidad en cualquiera de sus formas, ya sea digital o sexual, para garantizar el respeto a su dignidad y brindarles protección a través de un marco jurídico más completo, con las reformas y adiciones al Código Penal, al Código Civil, a la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y a la Ley Estatal de Responsabilidades, aprobadas por unanimidad en el Pleno del Congreso del Estado.
“La violencia cibernética contra las mujeres y niñas es un problema de proporciones pandémicas y que se está convirtiendo en un problema mundial, con graves consecuencias para la sociedad y economías de todo el mundo, debido al uso de las tecnologías de la comunicación que están siendo utilizadas para causar daño a las mujeres y a las niñas, principalmente por la falta de controles legales, medidas de seguridad y de justicia, que faciliten la persecución del comportamiento criminal”, establece uno de los considerandos presentados por las comisiones dictaminadoras.
Los integrantes de las comisiones
de Justicia y Derechos Humanos, y para la Igualdad de Género, dictaminaron la
iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo estatal el 5 de marzo
del presente, la cual previo análisis fue modificada en algunos aspectos para
enriquecerla con propuestas de especialistas en la materia y organizaciones
feministas, para arribar este día a la segunda lectura del Decreto al que se le
hicieron algunas adiciones durante la discusión en lo particular.
El diputado Eduardo Urbina
Lucero presentó, a nombre de los diputados que integran ambas comisiones, las
reservas en lo particular para modificar la denominación del Capítulo Primero
del Título Quinto del Código Penal para el Estado de Sonora, para quedar de la
siguiente manera: Exposición pública de pornografía, exhibiciones obscenas,
violación a la intimidad y violación a la intimidad sexual.
El Pleno también aprobó
modificar el Artículo 167 BIS como lo establecía el dictamen, para que la
penalidad a quien cometa el delito de violación a la intimidad sea de dos a
cuatro años de prisión, y de 150 a 300 Unidades de Medida y Actualización, pena
que se agravará en una mitad cuando se trate de ascendientes o descendientes en
línea recta, o exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación
de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación sentimental.
La sanción que se proponía
originalmente para quien cometa el delito de violación a la intimidad se asignó
al delito de violación a la intimidad sexual, mediante la adición en lo
particular al dictamen, de un Artículo 167 TER: de cuatro a seis años de prisión,
y de 150 a 300 UMA. Ambos delitos se perseguirán de oficio.
Artículo 167 TER: comete el
delito de violación a la intimidad sexual quien por cualquier medio exponga,
distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte,
publique, intercambie, comparta, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o
elabore imágenes, audios o videos de contenido sexual, erótico o pornográfico
de una persona, reales o alterados, ya sea impreso, grabado o digital, sin
consentimiento de la víctima.
Establece que la pena se
agravará cuando se cometa con violencia física, moral, verbal, psicológica,
sexual, económica o patrimonial, se obligue a la víctima a fabricar contenido
íntimo, sexual o erótico publicado sin consentimiento, y cuando se realice por
medio de acoso, hostigamiento, amenaza o engaño.
En la Ley de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Sonora quedó definida
la violencia digital como los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, engaño,
abuso de confianza, vulneración de datos e información, divulgación y difusión
de textos, imágenes, audios, videos, datos personales u otros elementos, ya
sean de naturaleza verdadera, alterada o apócrifa de contenido sexual íntimo,
que inciten al odio y/o que atenten contra la integridad.
También contra la dignidad, la
intimidad, la libertad, la vida privada, causen daño moral, atenten contra la
salud psicológica o vulneren algún derecho humano, y que se realice a través de
mensajes telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico,
sistemas de mensajería, aplicaciones tecnológicas, plataformas digitales o
cualquier otro medio tecnológico; y cualesquiera otras formas análogas que
lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las
mujeres.
El diputado Eduardo Urbina
Lucero, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, agradeció a
quienes participaron en el análisis de la iniciativa, tanto del Poder Judicial
como de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que emitieron sus opiniones
y lograron ampliar el panorama en cuestiones técnicas, además reconoció al
Poder Ejecutivo, ya que con apertura escuchó y supo ceder en algunos términos
que se modificaron de la propuesta original.
“También a las y los participantes
de cada foro, reunión, de todos los ejercicios de participación; a quienes
enviaron oficios y que nos demostraron que nos equivocamos y aceptamos ese
error que tuvimos; que no se socializó lo suficiente, lo asumimos y corregimos,
y creo que es una buena señal de este Congreso que podemos equivocarnos pero
podemos corregir con humildad. El ejercicio que tuvo esta iniciativa creo que
ha sido el de más discusión, polarización y no lo veo como algo malo,
simplemente fue una discusión amplia”, expresó.
La diputada María Alicia Gaytán
Sánchez, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, celebró los
acuerdos alcanzados para lograr incluir el delito de violación a la intimidad
sexual, ya que de esta manera se cumplió con lo que los colectivos y las
mujeres que han sido agredidas sexualmente demandaban.
“De hoy en adelante ellas
tendrán un elemento, una ley que las proteja y puedan acudir a la instancia
donde se les va a dar respuesta a su problema; ahí tienen la ley para que
puedan, en cualquier momento, ejercer su derecho a la denuncia”, aseveró.
La diputada Niztia Corina
Gradías Ahumada la llamó ley integral contra la violencia digital, la cual es
parte de las políticas que buscan prevenir, sancionar y erradicar cada forma de
violencia, pero también garantizar el respeto a la dignidad de las mujeres;
reconocer y castigar la violencia digital y el ciberacoso.
La diputada Magdalena Uribe Peña
y el presidente de la mesa directiva, Carlos Navarrete Aguirre, agradecieron a
la ciudadana Olimpia Coral Melo Cruz su colaboración para la elaboración del
dictamen, y la diputada María Dolores Del Río Sánchez afirmó que la joven
inició como víctima este movimiento y junto a muchos colectivos y mujeres han
luchado por un tema central: México no es un país seguro para las mujeres, ni
Sonora es un Estado seguro para las sonorenses.
APRUEBAN DECRETO, ACUERDOS CON EXHORTOS Y TURNAN INICIATIVA A
COMISIONES
En esta sesión ordinaria se le
dio segunda lectura al dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora,
en materia de identidad de género, mismo que se fundamentó en una iniciativa
presenta por la diputada Miroslava Luján López.
La Comisión de Justicia y
Derechos Humanos dictaminó que cualquier ciudadana o ciudadano que quiera
realizar la adecuación de su identidad de género autopercibida, podrá hacerlo
formalmente a través de un trámite administrativo claro y sencillo ante las
oficinas del Registro Civil del Estado, que le garantice y facilite el
ejercicio del derecho a su libre desarrollo de la personalidad, con el fin de
modificar su acta de nacimiento para variar su sexo e identidad sin que tenga
que promover un juicio para esos efectos.
Para la elaboración de este
dictamen, la comisión requirió la opinión a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, cuyo Secretario General respondió que se trata de una iniciativa que
tiene su fundamento en criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, que reconocen derechos de las personas que forman parte de la
comunidad LGTBTTTIQ, y que en el caso concreto tiene relación directa con la
identidad de género autopercibida.
El Decreto, que se aprobó por
mayoría, establece que la persona interesada podrá corregir en su acta de
nacimiento el sexo o el género, sin necesidad de acudir ante la autoridad
judicial, sino solamente ante el Oficial del Registro Civil.
También se aprobaron acuerdos
con exhortos, el primero dirigido a la titular del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia y a los 72 ayuntamientos, con el objeto de que se
coordinen en la realización de operativos de vigilancia que eviten el trabajo
infantil en la entidad.
El diputado Rodolfo Lizárraga
Arellano expuso que corresponde a las autoridades estatales y municipales, en
el ámbito de sus atribuciones, garantizar a niñas, niños y adolescentes, la
protección y el ejercicio de sus derechos y la aplicación de medidas necesarias
para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de quienes ejercen
la patria potestad, tutela o guarda y custodia.
Un segundo Acuerdo con exhorto
aprobó la asamblea, para que los 72 ayuntamientos del Estado modifiquen sus
respectivos reglamentos en materia de derechos de acceso a la información,
igualdad, seguridad jurídica, libertad de expresión, manifestación, reunión,
intimidad y vida privada.
El diputado Luis Armando Colosio
Muñoz indicó que también deberán modificar los principios de gratuidad en el
acceso a la información; legalidad, proporcionalidad tributaria, prohibición de
injerencias arbitrarias, así como lo referente a la obligación del Estado de
respetar, promover, proteger y garantizar derechos humanos, tomando como
referencia lo expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
acción de inconstitucionalidad 95/2020.
La Presidencia turnó a las
comisiones Primera y Segunda de Hacienda una iniciativa presentada por el grupo
parlamentario del Partido Encuentro Social, que tiene por objeto la reducción
del Impuesto Sobre Nómina para aquellas empresas que favorezcan el concepto de
trabajo desde casa.
El diputado Jesús Alonso Montes
Piña explicó que se pretende adicionar un artículo 218-bis 4 a la Ley de
Hacienda del Estado, para que la reducción del impuesto sea de hasta 50 por
ciento, cuando las micro y pequeñas empresas apoyen a sus trabajadores mediante
la implementación de medidas para desempeñar labores desde el hogar, ante la pandemia
por el COVID-19, pero también como un beneficio para los empleados que por
algún motivo invierten mucho tiempo en el traslado a sus sitios de trabajo.
Y con motivo de que este viernes
2 de octubre se conmemoran 52 años de los hechos ocurridos en torno al
movimiento estudiantil de 1968, los diputados Miguel Ángel Chaira Ortiz y
Carlos Navarrete Aguirre, presentaron posicionamientos en alusión a esta fecha.
El diputado Chaira Ortiz recordó
cuando miles de estudiantes realizaron un mitin en la Plaza de las Tres
Culturas en Tlatelolco para dar a conocer un pliego petitorio al Gobierno
Federal que encabezaba Gustavo Díaz Ordaz, en el cual solicitaban la libertad
de estudiantes y activistas que fueron encarcelados por manifestarse.
“El 2 de octubre se conmemoran
52 años de la matanza de estudiantes. Nuestro país se caracteriza por su
rebeldía histórica ante hechos que lo agravian. Este movimiento, donde lamentablemente
se perdieron vidas humanas, no fue en vano, después de ello la sociedad exigió
al gobierno en turno que permitiera la apertura de más espacios a la libre
expresión política”, externó.
El diputado Navarrete Aguirre
afirmó que en esta fecha se conmemora la lucha por la libertad, por expresarse
sin represión, por erradicar la violencia y por ejercer plenamente los
derechos.
“El día 2 de octubre no se olvida porque, a
causa de las muertes de esos jóvenes valientes, cambió la historia de nuestro
país. Es muy triste que en muchos municipios y estados, el nombre de Gustavo
Díaz Ordaz ocupe el nombre de una calle; la verdad no podemos permitir que
ningún asesino o ningún violentador pueda seguir haciendo historia en nuestro
país”, expresó el Presidente del Congreso del Estado.
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