HERMOSILLO.- En atención a los acuerdos aprobados en la sesión
extraordinaria del pasado 25 de junio, este día comparecieron ante el Pleno de
la LXII Legislatura el Secretario de Seguridad Pública en el Estado, David
Anaya Cooley, y el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella,
quienes expusieron sobre el estado que guarda la seguridad pública en la
entidad y en relación a la convocatoria para renovar el Instituto Sonorense de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ISTAI, respectivamente.
Para
esta sesión extraordinaria a la que convocó la Diputación Permanente, la mesa
directiva estuvo integrada por los diputados Alejandra López Noriega,
presidenta; María Alicia Gaytán Sánchez, vicepresidenta; Marcia Lorena Camarena
Moncada, primera secretaria; Fermín Trujillo Fuentes, segundo secretario; y Orlando
Salido Rivera, suplente.
El
Secretario de Seguridad Pública en el Estado presentó las acciones estratégicas
de la dependencia a su cargo y destacó que Sonora se encuentra en la quinta
posición de los estados con menor índice delictivo y en el primer lugar entre
las entidades fronterizas. A junio de 2019 se registro una incidencia delictiva
del 50.32 por ciento, mientras que en mayo fue de 63.62 por ciento, de acuerdo
a los datos presentados.
Agregó
que el delito más frecuente es la violencia intrafamiliar y el de menor
incidencia es daño en propiedad ajena. En violencia intrafamiliar, Hermosillo
es el que más denuncias registró hasta el pasado 23 de junio, con 154 mil 987,
mientras que el que menos registró fue Nácori Chico, en tanto que un delito que
registro índices a la baja es el de privación ilegal de la libertad.
Entre
los diez municipios con mayor índice delictivo aparece en primer lugar
Hermosillo, con 154 mil 987 delitos durante 2018, seguido de Cajeme, con 59 mil
525; San Luis Río Colorado, 54 mil 830; Nogales, 33 mil 595; Guaymas, 12 mil
253; Navojoa, 12 mil 181; Caborca, 10 mil 200; Puerto Peñasco, 8 mil 184; Agua
Prieta, 7 mil 569 y Empalme, 2 mil 643.
El
Secretario de Seguridad Pública informó que en incidentes violentos registran
heridos con arma blanca, con arma de fuego, homicidio, lesionado en riña,
privación de la libertad y violencia intrafamiliar. Los homicidios, a junio de
2019, suman 382 en todo el Estado, mientras que en 2018 se habían registrado
642 al cierre del año.
La
media mensual indica que en lo que va del año, en cuanto a homicidios, es de
55, mientras que en 2018 era de 54 y en 2017 de 44, mientras que la privación
ilegal de la libertad tiene una media de 27 contra 28 de 2018 y 34 de 2017, lo
que significa, afirmó, que este delito va a la baja, al igual que la violencia
intrafamiliar, con una media de 4 mil 407 denuncias, un poco menor a las 4 mil
677 de 2018 y 6 mil 861 de 2017.
Los
incidentes patrimoniales registran cifras menores a 2017 y 2018, agregó, ya que
por robo a casa habitación hay un registro de 7 mil 906 hechos en lo que va del
año, contra 25 mil 919 y 19 mil 731 a diciembre de 2017 y 2018,
respectivamente, en tanto que en robo a negocio, dio a conocer que van 3 mil
756 contra 10 mil 158 y 9 mil 210, respectivamente.
El
robo a persona registra a la fecha 3 mil 44; en 2017 fueron 9 mil 194 y 7 mil
21 en 2018, y en robo de vehículo, a junio de 2019 van 2 mil 386 reportados
contra 7 mil 646 y 6 mil 918 de los años anteriores.
Anaya
Cooley también habló del Centro Estatal de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana, que tiene como objetivo contribuir a fortalecer la
prevención social para incidir en sus causas raíz, privilegiando la cohesión
comunitaria y el fortalecimiento del tejido social, mediante una estrategia
coordinada con los tres niveles de gobierno, organizaciones civiles y sociedad
en general, definida dentro del Programa Estatal de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia.
Como
oportunidades mencionó: destinar el 20 por ciento del presupuesto operativo de
cada una de las secretarías del gobierno estatal que conforman el Consejo
Directivo de Transversalidad, como se aprobó en el presupuesto de egresos 2018,
en acciones de prevención en colonias focalizadas de alta incidencia delictiva.
Dijo
que la Policía Estatal de Seguridad Pública es una corporación subsidiaria de
la seguridad pública, que coadyuva con los tres niveles de gobierno para
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las
libertades, el orden y la paz públicos. Actualmente opera con 17 bases
desplegadas en el territorio estatal; realizan despliegue operativo para la
prevención, inhibición y contención de la incidencia delictiva, a través de
análisis de información, toma de decisiones y focalización de acciones
operativas en puntos específicos, sostuvo.
El
Secretario de Seguridad Pública en el Estado indicó que para septiembre de este
año esperan contar con 900 elementos, además de reconocer que la llega de mil
800 elementos de la Guardia Nacional a partir de este mes, mismos que se
distribuirán en diversas zonas, será de gran ayuda, aunque reconoció que el
crecimiento será evolutivo.
Consideró
de suma importancia integrar un estado de fuerza con los agentes del Ministerio
Público y los policías investigadores, para llevar a cabo las acciones en las
cuatro zonas focalizadas que son: Hermosillo, Nogales, Cajeme y San Luis Río
Colorado, pues se trata de realizar un trabajo de mando con una coordinación
que inició desde enero con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la
Gendarmería y la Policía Federal de Seguridad Pública.
Anaya
Cooley hizo un llamado a los legisladores para que se solidaricen y en el
presupuesto de egresos para el ejercicio 2020 etiqueten recursos suficientes
para el ramo de la seguridad pública, sin dejar de reconocer que en este
mecanismo el eslabón más frágil es la Policía Municipal, ya que por falta de
profesionalización los datos indican que de cada 100 elementos, a 37 “les sacan
la vuelta”.
En
este escenario de violencia, para construir seguridad desde los municipios, es
importante trabajar en la planeación estratégica de éstos, y de nuevo en el
tema de la Guardia Nacional, admitió que no va a venir a solucionar todos los
problemas, de ahí que sea importante analizar dónde se encuentra la incidencia
más alta y afinar la estrategia para disminuir la violencia en los municipios
con mayores cifras mediante el uso de un estado de fuerza que surja de esta
coordinación entre las corporaciones.
El
funcionario estatal aseveró que desde la casa se debe hacer un diagnóstico
específico para saber cómo se comportan los niños y analizar causas como la
deserción escolar, por lo cual es importante respetar el derecho que tienen a
la escuela permanente y su desarrollo familiar. El C5 maneja datos de la
incidencia delictiva en niñas, niños y adolescentes, y se comprometió a hacer
llegar esa información al Congreso del Estado.
Antes
de concluir su comparecencia ante el Pleno de la LXII Legislatura, David Anaya
Cooley reconoció que falta mucho por hacer y está seguro de que la seguridad se
recuperará en el Estado para que la gente se sienta tranquila, sin miedo,
además de que están conscientes que sociedad y gobierno pueden definir
estrategias para la prevención del delito.
Participaron
con preguntas al funcionario los diputados Gricelda Lorena Soto Almada, Luis
Armando Alcalá Alcaraz, Leticia Calderón Fuentes, Eduardo Urbina Lucero,
Orlando Salido Rivera, Fermín Trujillo Fuentes, María Dolores Del Río Sánchez y
Luis Mario Rivera Aguilar.
NO HA NOTIFICADO LA CORTE AL GOBIERNO
ESTATAL SOBRE RESOLUCIÓN DEL ISTAI ASEGURA SECRETARIO
El
Poder Ejecutivo no ha emitido la convocatoria para nombrar nuevos comisionados
en el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, ISTAI, porque no ha sido notificado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la resolución de la acción de
inconstitucionalidad promovida por el Instituto Nacional de Acceso a la
Información Pública, INAI, informó Miguel Ernesto Pompa Corella.
En
comparecencia ante el Pleno de la LXII Legislatura, el Secretario de Gobierno
aseguró que no se trata de que el gobierno estatal utilice este argumento (la
no notificación de la SCJN) para zafarse de lanzar la convocatoria, sino que de
hacerlo en este momento caerían en desacato.
Agregó
tener conocimiento de que el Congreso del Estado ya fue notificado del
resolutivo de la acción de inconstitucionalidad promovida por el INAI, con base
a lo establecido en el párrafo octavo, fracción quinta del Artículo 2º de la
Constitución Política del Estado de Sonora.
Pompa
Corella indicó que en diciembre de 2018, cuando se venció el término de los
tres comisionados del ISTAI, el asunto estaba subyúdice porque en esos momentos
se encontraba en proceso la resolución, y negó que los actuales comisionados
sean “carnales” de la administración estatal.
“Lejos
de quienes hacen ver que hay comisionados carnales, estamos ante un órgano que
está calificando la transparencia. Los comisionados entraron el 12 de diciembre
de 2012, no entraron en esta administración; estamos en espera de recibir la
notificación para darle curso y cumplimentar la resolución, ya que no podemos
emitir la convocatoria si no tenemos el alcance de lo que resolvió la Corte”,
expresó.
El
Secretario de Gobierno dijo que aunque al Poder Ejecutivo le corresponde lanzar
la convocatoria, la atribución es compartida con el Poder Legislativo, ya que a
éste le toca conocer los perfiles que envíe la titular del Ejecutivo, para su
posterior selección, sin dejar de lado que la resolución de la SCJN incluya
lineamientos que tenga que acatar el Congreso del Estado.
Lo
único que hay es que es parte del Artículo 2º de la Constitución local se tiene
que eliminar y el Legislativo hacer las adecuaciones pertinentes,
independientemente de que la resolución del máximo tribunal del país establezca
lineamientos para ambos poderes.
Participaron
con preguntas los diputados Martín Matrecitos Flores, Carlos Navarrete Aguirre,
Jorge Villaescusa Aguayo, María Magdalena Uribe Peña, Gildardo Real Ramírez,
Fermín Trujillo Fuentes, María Dolores Del Río Sánchez y Luis Mario Rivera
Aguilar.
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