INICIÓ EL PROCESO DE ENTREVISTAS DE ASPIRANTES A INTEGRAR EL CPC DEL SEA

HERMOSILLO.- Con la asistencia de catorce ciudadanos, el proceso de entrevistas de aspirantes a integrar el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) inició este domingo a las 08:00 horas y finalizó, en su primera parte, a las 13:40 horas.

Los ciudadanos fueron entrevistados por los miembros de la Comisión de Selección del CPC del SEA, cuyo coordinador ejecutivo, Marco Antonio Andrade Aguirre, explicó a cada uno la mecánica de este proceso, que consistió en diez minutos del compareciente para la exposición de motivos y propuestas, para posteriormente llevar a cabo la etapa de preguntas y respuestas.

Por parte de la comisión también estuvieron presentes los ciudadanos Estefanía Argüelles Ramírez, Roberto Dyke García, Karina Gastélum Félix, Adolfo Jorge Harispuru Bórquez, Teresita Lanz Woolfolk, Luz Mercedes León Ruiz, Rosa Isela López Cuevas y José Javier Vales García.

Alfonso López Barrio fue el primer ciudadano en presentarse ante la Comisión de Selección, quien consideró una gran oportunidad la participación ciudadana en apoyo al combate a la corrupción, además de proponer, entre otras acciones, que el Congreso del Estado lleve a cabo consultas en los municipios para recabar las inquietudes de los ciudadanos con relación a este tema.

También se pronunció a favor de que estudiantes universitarios reciban instrucción sobre el Sistema Estatal Anticorrupción a manera de servicio social, pues consideró se trata de una oportunidad si se toma en cuenta la participación ciudadana y el puente que debe existir con los ciudadanos molestos e intranquilos.

Enseguida tocó el turno a Wilfredo Román Morales Silva, quien propuso que en la página web del Comité de Participación Ciudadana del SEA se destine un espacio para la denuncia ciudadana, así como implementar la firma electrónica, con el fin de que el Comité Coordinador no tenga necesidad de escanear documentos, según sea el caso.

De llegar a formar parte del CPC se abocaría de inmediato a proponer una reforma a la Ley que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, por considerar, sostuvo, que las recomendaciones que emite el comité no son vinculantes, de manera que de implementarse esa modificación, permitiría que fueran obligatorias.

Abraham Yeomans Orozco expuso la importancia de trabajar en el fortalecimiento de los ayuntamientos, a fin de que estén en condiciones reales de combatir la corrupción, lo que calificó como una acción preventiva a favor de los municipios.

Se dijo convencido de que la corrupción debe atacarse desde la prevención, y como fallas del sistema nacional y estatal anticorrupción, mencionó que no toman en cuenta al Municipio, mientras que en el turno de Miguel Arturo Morales Zamorano, éste aseguró que le interesa sumar un fondo colectivo entre entidades fiscalizadoras.

Propuso que en las instituciones educativas se lleven a cabo concursos, ensayos, implementación de software, entre otros, con la temática anticorrupción.

Del tema de la prevención también habló Katia Cota Martínez, pues junto con las políticas públicas y estrategias es lo que debe promoverse, al igual que la formación de valores a edad temprana sobre la importancia de la ética en el servicio público y el combate a la corrupción.

Se tiene que involucrar a instituciones de educación superior para la designación de perfiles en el servicio público, agregó, en tanto Christian Alberto Arellano López consideró un reto llevar al CPC a una posición entre el SEA y la ciudadanía para recuperar la credibilidad en las instituciones de gobierno.

La transparencia y la rendición de cuentas son dos aspectos fundamentales en esta labor, dijo, ya que se trata de elementos que, de implementarse a cabalidad, permitirán cumplir con los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción, sin dejar de lado las fortalezas y áreas de oportunidad que pueden encontrarse para lograr la profesionalización de quienes forman parte del servicio público.

Mario Jorge Terminel Siqueiros propuso implementar medidas que eviten que los servidores públicos desplieguen su potencial de hacer lo que los ciudadanos detestan, para lo cual es necesario llevar a cabo acciones que permitan incrementar la cultura del combate a la corrupción.

Un área de oportunidad se encuentra en las comunidades indígenas, indicó, donde el Comité de Participación Ciudadana puede recopilar datos y de esta manera sean tomadas en cuenta. Siguió José Guillermo Ulloa Martínez, quien consideró un buen punto las impugnaciones que se hacen a las licitaciones, ya que se puede implementar un mecanismo como denuncia pública.

Ver cómo las empresas pueden impulsar como medidas poner candados para evitar actos de corrupción, para lo cual estimó es de suma importancia de que los municipios se involucren en este tipo de acciones.

Elizabeth Pérez Jiménez destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil en ejercicios de gobierno abierto que permiten la participación y formación de los ciudadanos interesados en el combate a la corrupción, experiencia que le ha tocado vivir en diversos grupos.

Consideró fundamental la participación de la mujer por el rol que desempeñan y que ahora es mayormente reconocido, como en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en el que se desempeñan dos mujeres.

Enseguida tocó el turno a Juan Manuel Balbastro Fimbres, quien se pronunció a favor de fomentar la cultura de la denuncia y de que los documentos que se presenten sean los necesarios para fundamentarla, pues actualmente ésta se ha constituido en un arma de doble filo: el lado práctico para denunciar rápidamente y que se utilice para difamar.

Deben valorarse los requisitos elementales, porque una denuncia no es algo que pueda dejarse de lado, sostuvo, además de darle el seguimiento adecuado. Posteriormente se presentó Desdémona Guadalupe Cota Valenzuela para dar a conocer su propuesta encaminada a mejorar las regulaciones y que se incluyan capítulos específicos sobre las responsabilidades de los servidores públicos  y cuáles son las conductas que no están permitidas.

Agregó que evaluar el cumplimiento de la normatividad permitirá que las cosas se hagan con calidad, además de proponer que se cuente con un padrón de verificadores e inspectores especializados en las revisiones, porque desde ahí empieza la corrupción, sin dejar de lado estar atentos a que las sanciones se cumplan.

Roberto Lagarda Lagarda ofreció aportar su experiencia en instituciones educativas y de seguridad social, ya que es necesario que en la formación educativa se enseñen las normas más elementales para fortalecer esa parte que necesitan el sistema nacional y el estatal anticorrupción.

Incidir en incorporar a las instituciones educativas, hasta posgrado, sería en beneficio de ambos sistemas, dijo, mientras que Edna María Villarreal Peralta afirmó es importante la construcción de un directorio de las organizaciones de la sociedad civil, además de consolidar el tema de la vinculación e implementar mecanismos para combatir la corrupción, como sería un link en la página del CPC que dé acceso a las aplicaciones que ya existen.

En la parte operativa propuso la medición de indicadores, para lo cual compartió su experiencia en lo relativo al fondo minero, del cual hizo un estudio junto con otro sobre los programas de estímulos del CONACYT, ya que ambos han sido objetos de corrupción y falta de transparencia, dijo.

Javier Alejandro Lugo Sau habló de implementar lo que se conoce como corrupción de ventanilla, que tiene que ver con la percepción que se tiene de la labor de la Policía, así como el impulso de la tecnología.

Calificó como muy completo el plan de trabajo del CPC del SEA, mientras que Juan José Reyes Cervantes, con quien finalizó la primera parte de las entrevistas, informó que su principal contribución sería la denuncia ciudadana para dar seguimiento a los casos de corrupción, además de establecer medidas de control interno y darles solución a expedientes.