HERMOSILLO.- En la última sesión del mes de septiembre, diversos
legisladores presentaron iniciativas para modificar disposiciones como la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código Penal, la Ley Estatal
de Responsabilidades, la Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo, la Ley
de Hacienda Municipal y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del
Estado.
Además
se eligió a la mesa directiva que ejercerá funciones durante octubre, la cual
estará integrada por los diputados María Magdalena Uribe Peña, presidenta;
Diana Platt Salazar, vicepresidenta; Carlos Navarrete Aguirre, primer
secretario; Luis Mario Rivera Aguilar, segundo secretario; y Rosa Icela
Martínez Espinoza, suplente.
De
acuerdo al orden del día aprobado por la asamblea, en primer término
correspondió presentar su iniciativa al diputado Martín Matrecitos Flores, con
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales, y al Código Penal para el Estado de
Sonora, con el objeto de instaurar en estas normas el delito electoral en el
que incurran los servidores públicos y funcionarios en el ejercicio del cargo o
funciones.
Fundamentó
su propuesta en el hecho de que la LIPES no contempla de manera clara como
sujeto activo en la comisión de los delitos electorales, la figura del servidor
o del funcionario público, lo cual puede observarse en el contenido de los
artículos 3º, 281 y 282 de dicha norma, ya que sólo se refiere a los
funcionarios electorales.
En
cuanto al Código Penal para el Estado de Sonora, en el Título Vigésimo Segundo,
Capítulo I, denominado: Delitos Electorales, hace referencia a un catálogo de
supuestos señalados como infracciones y sancionados como delitos electorales
por parte de funcionarios electorales y de ciudadanos en general, indicó, pero
se observa una omisión al no precisar a los servidores y funcionarios públicos,
como probables sujetos en la comisión de alguna infracción que se puede catalogar
como tal.
La
iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos,
mientras que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales estudiará la
presentada por el diputado Jesús Alonso Montes Piña, con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Estatal de
Responsabilidades.
Expuso
que el tema central estriba en coadyuvar con los municipios de menor población
mediante la creación de un procedimiento especial de responsabilidad administrativa,
adicionando un capítulo III BIS a la Ley para que puede ser desahogado ante el
Tribunal de Justicia Administrativa, y será aplicable para el trámite de los
procedimientos de responsabilidad administrativa relacionados con faltas
graves, no graves y de particulares, investigados por el ISAF y el órgano de
control de los municipios rurales.
“Con
esta iniciativa se pretende maximizar el derecho fundamental consagrado en el
Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e
imparcial”, aseveró.
Enseguida
tocó el turno a la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada, de presentar su
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Instituto
de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, a efecto de establecer en
dicha norma un mecanismo de apoyo para solventar, en parte, los problemas que
pueden enfrentar los estudiantes foráneos.
Ejemplificó
que uno de cada cuatro estudiantes de la Unidad Centro de la UNISON son
foráneos; en el Campus Cajeme el 25 por ciento también; en la Unidad Caborca,
el porcentaje aumenta a 40, mientras que en la Universidad Estatal de Sonora se
cuenta con 2 mil 500 estudiantes que son de otras ciudades en la unidad
Hermosillo;
“Sabemos
que resulta complicado apoyar a todos los estudiantes todos los momentos, por
lo que proponemos que la reserva económica se disponga en virtud de la
suficiencia presupuestal y de criterios que tomen en cuenta la información y
registro estadístico del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora,
así como con la colaboración de la Secretaría de Hacienda estatal”, expresó la
legisladora.
La
Presidencia turnó la iniciativa a la Comisión de Educación y Cultura, en tanto
la Primera Comisión de Hacienda analizará la iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona el artículo 70 a la Ley de Hacienda Municipal, que presentó ante
el Pleno el diputado Gildardo Real Ramírez, a nombre del grupo parlamentario de
Acción Nacional.
El
objeto es incluir en la norma un seguro contra robo, daños y responsabilidad
civil que proteja a la ciudadanía en su hogar y en sus vehículos, por daños
ocasionados por infraestructura municipal. El legislador recordó que apenas
hace unos años, los hermosillenses que pagaban el Impuesto Predial a tiempo,
recibían un seguro de vivienda y tenían derecho a una póliza con cobertura en
caso de robo, incendio, inundación o explosión, pero en 2017 el incentivo fue
eliminado.
“Eliminar
estas coberturas dejó en un estado de indefensión a los ciudadanos de la
capital del Estado ante cualquier evento catastrófico al que puedan enfrentarse
en su casa o en la ciudad, como consecuencia del pobre estado de la
infraestructura urbana municipal”, externó.
Y
para que el titular del Poder Ejecutivo Federal implemente las acciones
necesarias para la recuperación del tren del pacífico en el Estado de Sonora,
la diputada María Dolores Del Río Sánchez presentó una iniciativa con punto de
Acuerdo en el que se asienta la importancia de que se trata de una oportunidad
económica y turística para Sonora y el país, pues cuenta con ventajas que
abonan a hacer realidad la propuesta.
Enumeró
que para el tren del pacífico ya están las vías, no afectaría ni la flora ni la
fauna de la región, detonaría zonas económicas y turísticas que falta detonar
en el Estado, y no afectaría ninguna zona protegida. El Acuerdo se aprobó por
unanimidad.
Las
comisiones de Minería y Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, estudiarán
la iniciativa con punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Presidente de
la República y a los titulares de las secretarías de Economía Federal, Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y
al Poder Legislativo Federal, con el objeto de que se revoquen y no se otorguen
más concesiones mineras.
El
diputado Luis Mario Rivera Aguilar sostuvo que la minería de superficie o a
cielo abierto conlleva la devastación total del ecosistema en el que se
practica, ya que implica la remoción total de las especies de plantas y
animales, y por lo tanto, de las funciones y bioprocesos que existían en dicho
ecosistema.
Solicitó
a los funcionarios federales que se cumpla con los compromisos internacionales
contraídos por el gobierno mexicano, de conservación de la biodiversidad,
preservando la superficie actual de las áreas protegidas y otros sistemas de
conservación dentro de la contabilidad con la que pretende alcanzar las metas
planteadas, y al Poder Legislativo Federal, para que ajuste las leyes de
Minería y General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.
En
el desarrollo de la sesión siguió la presentación de una iniciativa con
proyecto de decreto que adiciona diversos párrafos al Artículo 29 de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con el objeto de
establecer los centros integrales de procuración de justica en la entidad, lo
que permitiría atender a la ciudadanía en las zonas urbanas de los municipios
con mayor población.
“Esta
propuesta de centros en las ciudades desahogaría a otras agencias del
Ministerio Público en su carga de trabajo, es decir, de los delitos más
denunciados, teniendo más fluida y eficiente la atención a la gente.
El
diputado Luis Armando Colosio Muñoz presentó una iniciativa con proyecto de ley
de atención a la juventud del Estado de Sonora, por considerar, expuso, que se
trata de un acto de estricta justicia intergeneracional con los jóvenes del
Estado de Sonora, al establecer un marco jurídico, políticas, planes y
programas por parte del Gobierno del Estado, dirigidas a promover, respetar,
proteger y garantizar sus derechos humanos.
“Contribuir
a su desarrollo y vincular su participación activa en el desarrollo del Estado
de Sonora, en los ámbitos social, económico, político y cultural, en
condiciones de equidad y solidaridad. La transformación que el Estado requiere
la harán sin duda los jóvenes, quienes tienen la formación, conocimiento,
talento, audacia y capacidad”, exteriorizó.
Agregó
que por eso es urgente dotarles de certidumbre jurídica y de condiciones que
les permitan, en igualdad de derechos, participar en el desarrollo estatal, al
tiempo que se les garanticen las mejores condiciones de vida. La iniciativa se
turnó para estudio a la Comisión de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y
la Juventud.
En
esta sesión ordinaria se aprobó el Acuerdo que resuelve aprobar la renuncia
presentada por el ciudadano Jesús Martín Porchas Jaime al cargo de regidor
propietario del Ayuntamiento del municipio de San Javier, Sonora, razón por la
cual deberá hacerse del conocimiento del ciudadano José Soto Burboa, regidor
suplente, el contenido de la resolución a fin de que rinda la protesta de Ley
como Regidor Propietario.
El
dictamen fue presentado por el diputado Jorge Villaescusa Aguayo, a nombre de
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en el cual también se
comisiona al diputado Fermín Trujillo Fuentes para acudir a la toma de protesta
referida, en nombre y representación del Poder Legislativo.
La
próxima sesión del Pleno se citó para el martes 1º de octubre, a las 11:00
horas.
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