HERMOSILLO.- El deporte es parte de la formación integral del ser humano,
bajo este argumento el diputado priista Luis Armando Alcalá Alcaraz, propuso la
creación de un Fondo para el Fomento al Deporte.
Detalló
que tendrán acceso a dicho fondo los deportistas que representen al estado en
competencias nacionales e internacionales, con el fin de que la falta de
recursos no afecte su participación y desempeño.
“Se
considera sumamente necesario la presente reforma con la finalidad de que todos
los deportistas sonorenses tengan la plena seguridad de que cuando nos
representen fuera del Estado tendrán los medios y recursos necesarios para
hacerlo”, agregó, “el deporte nos da identidad, nos da sentido de pertenencia y
nos da formación”.
Alcalá
Alcaraz mencionó que en la iniciativa se contempla el otorgamiento de estímulos
fiscales, para las personas físicas o morales que aporten recursos económicos
al mencionado fondo y al deporte.
Destacó
que el deporte se ha convertido en una demanda social y en una herramienta de
prevención de diversos problemas públicos principalmente de salud, sin embargo
su fomento y práctica no ha figurado entre una de las prioridades de estado en
muchos países, lo que lo coloca en desventaja frente a otros sectores de
servicios públicos como la educación, la salud, la seguridad, vivienda, entre
otros.
Los
atletas de alto rendimiento no siempre tienen acceso a recursos públicos para
sus competencias, puesto que “en México ha sido un constante enfrentamiento
entre las autoridades deportivas, la falta de recursos económicos y la
burocracia, que impiden a los deportistas desarrollarse a su máximo nivel en
competencias profesionales”.
Agregó
que es reconocerse los esfuerzos que muchos atletas y sus familias realizan
para representar al estado, hizo referencia al digno papel que se tuvo en los
juegos panamericanos de Lima, Perú, donde la delegación Sonorense tuvo su mejor
actuación.
La
iniciativa se turno a las comisiones de Deporte y Segunda de Hacienda, el
legislador solicitó se envíe la iniciativa al Gobierno del Estado, de tal forma
que se realice lo necesario para determinar el impacto presupuestal que implica
y se considere dentro de la Ley de egresos del próximo ejercicio fiscal.
Esta
propuesta fue celebrada por diputados de distintas fracciones, que expresaron
apoyo e intención de participar en la su dictaminación.
APRUEBAN MODIFICACIONES PARA CONTAR CON
CORRECTO EQUILIBRIO DE PODERES EN EL ESTADO
HERMOSILLO.- En busca de un contrapeso que obligue al Poder
Ejecutivo a brindar información oportuna al Legislativo en materia de impacto
presupuestario, la LXII Legislatura aprobó por mayoría reformas y adiciones a
las leyes orgánicas de ambos poderes, y a la Ley de Presupuesto de Egresos y
Gasto Público Estatal.
Esta
iniciativa fue presentada de manera conjunta por los grupos parlamentarios de
MORENA y del Partido Acción Nacional, y durante la discusión en el Pleno contó
con la adhesión de las bancadas del Partido del Trabajo, del Partido Encuentro
Social y de la diputada María Dolores Del Río Sánchez, con la representación
parlamentaria de Movimiento Ciudadano.
“Nos
preocupa la falta de regulación, que hace que el proceso legislativo se
interrumpa al depender del Ejecutivo del Estado para que nos emita su opinión y
evaluación del impacto presupuestal de las iniciativas que se presenten ante
este Congreso para su aprobación”, establece uno de los considerandos de la iniciativa.
Este
asunto, que se consideró de urgente y obvia resolución para que no fuera
enviado a comisión, a propuesta del diputado Eduardo Urbina Lucero, plantea la
importancia de contar con un correcto equilibrio de poderes en el Estado, para
lo cual se fijan plazos y requisitos para contar con la estimación del impacto
presupuestario, por parte de la Secretaría de Hacienda, tal y como tienen para
la presentación de las leyes y presupuestos de ingresos y egresos a esta
Soberanía de la siguiente manera:
·
SE ESTABLECE EL PLAZO DE 24 HORAS PARA QUE EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DEL ESTADO SOLICITE LA ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LAS INICIATIVAS
QUE SE RECIBAN; Y
·
SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS QUE DEBERÁ DE INCLUIR LA ESTIMACIÓN DEL
IMPACTO PRESUPUESTARIO.
En
esta sesión ordinaria se aprobó el Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
con el objeto de modificar el catálogo de los conceptos contenidos en dicha
legislación, para lo cual se amplía el concepto de violencia contra las mujeres
mediante la adición de violencia obstétrica y la que atenta contra los derechos
reproductivos de la mujer.
El
dictamen presentado por las comisiones para la Igualdad de Género y de Salud,
en forma unida, se fundamenta en la iniciativa presentada el pasado periodo
ordinario por los diputados Fermín Trujillo Fuentes y Francisco Javier Duarte
Flores, quienes propusieron reformas y adiciones al Artículo 5 de la referida
Ley.
También
se tomó en consideración la iniciativa presentada por la diputada María Alicia
Gaytán Sánchez ante la Diputación Permanente, con una propuesta similar a la de
los legisladores de Nueva Alianza, de establecer la figura de violencia
obstétrica, por lo cual las dictaminadoras las resolvieron en el mismo
dictamen.
De
acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, el término violencia de
género se usa a menudo para destacar que gran parte de la violencia contra la
mujer tiene sus raíces en las desigualdades de género que perpetúan el estado
de subordinación jurídica, social o económica en que se encuentran las mujeres
en la sociedad.
Además
por considerar que a nivel mundial, las formas más comunes de violencia contra
la mujer incluyen: violencia infligida por la pareja y otras formas de
violencia familiar; violencia sexual; mutilación genital femenina; feminicidio,
incluidos los asesinatos en defensa del honor y los relacionados con la dote;
tráfico de personas, incluida la prostitución forzada y la explotación económica
de niñas y mujeres; y la violencia contra la mujer en situaciones de
emergencias humanitarias y conflictos.
La
Ley de Salud y la que crea los Servicios de Salud del Estado de Sonora fueron
modificadas en esta sesión ordinaria, al aprobarse el Decreto que, con base a
iniciativa de los diputados Fermín Trujillo Fuentes y Francisco Javier Duarte
Flores, que tiene la finalidad de garantizar el derecho humano de acceso a la
salud a todos los habitantes del Estado de Sonora, sin importar el lugar en el
que residan o se encuentren dentro del territorio sonorense.
Se
establecen en el marco jurídico del Estado las herramientas que ya existen a
nivel federal y en otras entidades federativas, y que son necesarias para
ampliar el concepto de atención médica, e implementar, de manera homologada,
programas de lo que se conoce como Telesalud, e-Salud o Cibersalud, términos
que se utilizan para referirse a la incorporación de medios tecnológicos para
la prestación a distancia de los servicios relacionados con la salud.
Se
incluyen diversos conceptos específicos relacionados con este tema, como son:
telemedicina, telediagnóstico, telemonitoreo, teleducación, entre otros, y se
le da fundamento legal y fortalecimiento al Centro de Atención Telefónico de la
Salud, el cual opera desde 2018 en el Hospital General del Estado, y que se
encarga de brindar atención y apoyo a los pacientes, gestionar su ingreso al
hospital, clínica o centro de salud correspondiente, para que no se dificulte
su llegada y atención oportuna en los lugares a los que se dirigen.
Y
para que se formalicen las Unidades de Riego dentro de la Ley de Agua del
Estado de Sonora, con el objeto de que puedan tener acceso a los programas de
gobiernos Federal y estatal, así como créditos en instituciones bancarias para
mejorar la infraestructura, equipamiento, productividad y, junto con ello, la
eficiencia del uso del agua al asegurar las siguientes temporadas de siembra,
el Pleno aprobó el Decreto que reforma y adiciona dicha legislación.
El
dictamen, que se elaboró con base a una iniciativa del diputado Miguel Ángel
Chaira Ortiz, establece que dichas disposiciones traerán grandes beneficios
para las comunidades rurales sonorenses, así como para el desarrollo económico
del Estado, en lo general, además de que permitirán garantizar los derechos
humanos de la sociedad sonorense relacionados con esta materia.
La
Comisión de Examen Previo y Procedencia Legislativa presentó a la asamblea un
dictamen mediante el cual se resuelve desechar diversos escritos que le fueron
turnados y otros se remiten a diversas comisiones de dictamen legislativo, al
registrarse un número determinado de planteamientos y solicitudes a esta
Soberanía para que, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
intervenga o se pronuncie sobre una diversidad de temas que ya fueron atendidos
o se encuentran desfasados, así como aquellos que por su naturaleza deban
turnarse.
El
Acuerdo aprobado establece el desechamiento de algunas de las solicitudes
referidas y serán remitidas aquellas que deban ser del conocimiento de otras
comisiones de dictamen legislativo. Se desechan los folios: 401, 497, 548, 580,
744, 783, 801, 1111 y 1146, correspondientes a la LXII Legislatura, y se
remiten otros folios a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales,
Asuntos del Trabajo, Transporte, Justicia y Derechos Humanos, Energía, Medio
Ambiente y Cambio Climático.
También
a las de Presupuestos y Asuntos Municipales, Seguridad Pública, Asuntos
Indígenas, Primera y Segunda de Hacienda, de Vivienda, Educación y Cultura,
todos correspondientes a folios de la LXII Legislatura.
En
el desarrollo de la sesión, la asamblea aprobó por mayoría el Decreto que
reforma el Artículo Segundo Transitorio al Decreto número 40, que autoriza al
municipio de Cajeme, Sonora, para que gestione y contrate, en las mejores
condiciones del mercado y en una o varias etapas, el otorgamiento de uno o
varios financiamientos que incluyan hasta la suma de 33 millones de pesos para
la realización de obras que constituyen inversiones públicas productivas.
También
para la contratación de un monto adicional hasta el 2.5 por ciento de la
cantidad anterior para cubrir conceptos adicionales por gastos y accesorios
derivados del o los empréstitos enunciados, de acuerdo a la iniciativa con
proyecto de Decreto presentada por el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño.
TURNAN INICIATIVAS A COMISIONES Y
APRUEBAN ACUERDOS
En
esta plenaria, la Presidencia turnó a comisiones dictaminadoras iniciativas
presentadas por diversos legisladores, la primera de ellas a cargo del diputado
Martín Matrecitos Flores, quien propuso reformar la fracción IX del Artículo 79
de la Constitución Política del Estado de Sonora, para que el Ejecutivo del
Estado realice, por conducto de la Secretaría de Hacienda, los dictámenes de
impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto aprobadas por el
Congreso y publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Dicho
dictamen deberá ser tomado en cuenta por la dependencia al momento de elaborar
el presupuesto de egresos del Estado para el siguiente ejercicio fiscal o
realizar los ajustes al mismo, en vigor al momento de ser aprobada la Ley o
Decreto. Asimismo realizará estimaciones sobre el impacto presupuestario de las
disposiciones administrativas que impliquen costos para su implementación.
La
iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, mientras que las comisiones del Deporte y Segunda de
Hacienda, en forma unida, estudiarán la iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona diversas disposiciones a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado
de Sonora y a la Ley de Hacienda del Estado.
El
diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz planteó la importancia de sentar las bases
para la creación de un fondo estatal de apoyo al deporte, el cual, con la
participación pública, así como de la iniciativa privada y el sector social, se
pueda lograr apoyar aún más e impulsar el deporte en la entidad.
“Se
considera sumamente necesaria la presente reforma, con la finalidad de que los
deportistas sonorenses tengan la plena seguridad de que cuando nos representen
fuera del Estado, tendrán los medios y recursos necesarios para hacerlo”,
aseveró.
El
diputado Carlos Navarrete Aguirre presentó en esta ordinaria una iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el Artículo 263 BIS-1 del Código Penal para el
Estado de Sonora, con el objeto de incrementar en diez años la pena mínima a
quien cometa el delito de feminicidio.
“Como
sociedad debemos trabajar en distintos aspectos para terminar con la violencia
en todo nuestro país, principalmente con los feminicidios. Todos debemos
aportar desde nuestra trinchera para lograrlo: el Poder Ejecutivo debe realizar
acciones tendientes a promover la erradicación de la violencia; el Judicial
apegarse a las normas para condenar estos delitos y, por nuestra parte, en este
Poder Legislativo debemos realizar las reformas necesarias que puedan aportar
para que los feminicidios no sigan ocurriendo”, expresó.
Propuso
pena corporal de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil Unidades de
Medida y Actualización. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos, mientras que la de Gobernación y Puntos
Constitucionales estudiará la presentada por la diputada María Dolores Del Río
Sánchez, con proyecto de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del
Artículo 136 de la Constitución local.
Expuso
que en Sonora se generan condiciones de exclusividad para el aprovechamiento de
las playas y otros bienes de uso común, que excluyen de su disfrute a la
mayoría de la población, por lo cual planteó establecer el derecho de toda
persona a acceder y disfrutar de las playas y bienes inmuebles de uso común,
imponiendo la obligación de las autoridades municipales de preservar y mejorar
dichos espacios.
“En
el Congreso de la Unión se han presentado iniciativas tendientes a cubrir las
lagunas legales que permiten un aprovechamiento indebido de las playas que son
bienes de uso común, pero paralelamente, las autoridades federales, estatales y
municipales deben urgentemente establecer sanciones ejemplares a quienes
impidan o limiten el acceso o el disfrute de dichos espacios, y garantizar la
accesibilidad desde la vía pública a los inmuebles de propiedad nacional”,
externó.
Enseguida
se aprobó el Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo exhorta a la
titular del Poder Ejecutivo estatal y al titular de la CONAPESCA, para que en
el marco del inicio de la temporada de pesca del camarón, a partir del 21 de
septiembre en las bahías de Sonora, se destinen recursos, programas y apoyos
especiales para los trabajadores de este sector del mar.
La
diputada Rosa María Mancha Ornelas indicó que se trata de garantizar a las
familias de los pescadores un suministro alimenticio, es decir, lograr que
tengan el alimento seguro en el tiempo promedio que permanezcan en alta mar, en
función de un apoyo coordinado por parte de las autoridades estatales y
federales correspondientes, con base al registro del padrón de pescadores que
tienen su permiso expedido por autoridades de las capitanías de puerto.
El
Acuerdo se aprobó por unanimidad, con una adición que hizo el diputado Lázaro
Espinoza Mendivil, a efecto de que el Poder Ejecutivo estatal incluya en el
presupuesto de egresos para el ejercicio 2020, recursos para contar con seguro
de vida de los pescadores, en virtud de que no reciben ningún tipo de ingreso.
Otro
Acuerdo aprobado por la asamblea resuelve exhortar a diversas autoridades
federales, estatales y municipales, a efecto de que se avoquen a dar pronta
solución a la problemática de contaminación, desabasto y estudios de calidad
del agua potable que reciben los habitantes del municipio de Nacozari de
García, Sonora, a propuesta del diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz.
El
legislador respaldó su propuesta con una serie de videos en los que habitantes
del referido Municipio muestran el agua potable que sale de las llaves y
manifiestan su preocupación ante esta situación, ya que no es apta para el
consumo humano, por lo que el promovente sostuvo que se trata de una situación
preocupante, ya que se está ante un problema de salud para sus habitantes al
recibir el vital líquido con agentes contaminantes.
En
el mismo sentido se pronunció el diputado Carlos Navarrete Aguirre, ante un
problema similar que ocurre en el municipio de Ónavas, Sonora, cuya Presidenta
Municipal, dijo, le solicitó la intervención de este Poder Legislativo para que
se solucione el problema.
“Hago
un llamado a los diputados de esta Sexagésima Segunda Legislatura para que se
sumen a la solicitud hecha por los ciudadanos antes señalados y, de esa forma,
abonemos todos, en la parte que nos corresponde, en la solución de la
lamentable situación en la que se encuentran los habitantes del municipio de Nacozari
de García”, aseveró.
Y
para incluir la figura del divorcio sin expresión de causa o divorcio exprés,
la diputada Gricelda Lorena Soto Almada presentó una iniciativa con proyecto de
decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Familia, por
considerar que es necesario implementarlo, pues la legislación en derecho
familiar sólo contempla el divorcio necesario.
“Lo
anterior ya no se apega a la realidad jurídica que impera en el país en el tema
de divorcio, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió,
mediante jurisprudencia, que todas las legislaciones que contengan la necesidad
de acreditar alguna causal para efectos de decretar el divorcio, son
inconstitucionales”, expresó.
Agregó
que basta la voluntad de una de las partes para que se decrete el divorcio,
pues obligar a los cónyuges a acreditar alguna de las causales establecidas en
la legislación, en muchas ocasiones torna más ríspida la resolución entre los
consortes, al tener que ventilar su vida privada ante un tribunal, además de
que se atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad del
individuo, quien tiene derecho a construir su proyecto de vida en la forma y
términos que considere conveniente a sus intereses. Se turnó a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos.
Como
penúltimo punto del orden del día, a nombre de los integrantes de la LXII
Legislatura, la diputada María Magdalena Uribe Peña presentó un posicionamiento
en relación a la celebración del 195 aniversario de la anexión de la Federación
de Chiapas a México.
La
próxima sesión del Pleno se citó para el martes 17 de septiembre, a las 11:00
horas.
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