HERMOSILLO.- Un nuevo procedimiento para que los diputados
justifiquen sus inasistencias a sesiones del Pleno o comisiones de trabajo a
más tardar dentro de las 24 horas siguientes de producida la falta aprobó la
LXII Legislatura, y en caso de no hacerlo, la Oficialía Mayor ordenará el
descuento de la dieta del legislador sin trámite adicional de por medio.
Se
trata del Decreto que reforma el Artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y que responde a una de los principales señalamientos que se
presentan en contra de los legisladores, por la no aplicación del procedimiento
actual de sanción a aquellos que no justifican de manera fehaciente sus
inasistencias a su trabajo en el Pleno o en comisiones, establece uno de los
considerandos del dictamen.
La
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dictaminó con base a la
iniciativa presentada por el diputado Jesús Alonso Montes Piña, quien planteó
la importancia de que los integrantes del Poder Legislativo ejerzan su función
legislativa con apego a los principios constitucionales, uno de los cuales
establece estar presentes en las sesiones del Pleno y de las comisiones de las
que forman parte, para que el Congreso
pueda legislar y atender los asuntos que les corresponden en beneficio de la
sociedad.
El
Decreto establece que, en caso de inasistencia de algún diputado por motivo de
caso fortuito o fuerza mayor, quien no asistió a la sesión o reunión respectiva
contará con un plazo de 24 horas para justificar fehacientemente por qué no
acudió o se retardó, en términos de la Ley Orgánica, ante la Presidencia de la
mesa directiva o de la comisión, según corresponda, debiendo presentar copia
ante Oficialía Mayor.
Agrega que al término de cada sesión del Pleno del
Congreso o reunión de comisión, el Presidente de la mesa directiva o de la
comisión correspondiente, informará a Oficialía Mayor del registro de la falta
o retardo; en caso de que el diputado no justifique alguna de estas, vencido el
término de 24 horas, la Oficialía girará la instrucción para que se realicen
los descuentos correspondientes sin ningún trámite adicional de por medio.
En
esta sesión ordinaria se aprobó el Acuerdo relativo a la renuncia presentada
por la ciudadana Rosa María Encinas Cornejo al cargo de regidora propietaria
del Ayuntamiento del municipio de San Javier, Sonora, con efectos a partir de
hoy, razón por la que deberá hacerse del conocimiento de la ciudadana Teresa de
Jesús Miranda Ruiz, regidora suplente, el contenido de dicha resolución a
efecto de que rinda la protesta de Ley.
Se
comisionó al diputado Fermín Trujillo Fuentes para que acuda a la toma de protesta,
en nombre y representación del Poder Legislativo.
Un
segundo Acuerdo aprobó la asamblea, el cual resuelve exhortar a la titular del
Poder Ejecutivo estatal y al titular de la Secretaría de Hacienda del Estado,
para que en el marco de la aprobación del presupuesto de egresos 2020, integren
la creación y sostenimiento de comedores públicos para niños menores de doce
años, como apoyo a las familias donde uno de los progenitores se dedique al
cuidado del hogar, en los municipios de Huatabampo, Álamos y Etchojoa, Sonora.
El
diputado Filemón Ortega Quintos, quien presentó indicadores de medición de la
pobreza en Sonora de 2008 a 2018, expuso que conseguir los alimentos que se
requieren para una adecuada alimentación cada vez es más difícil para importantes
sectores de la sociedad, lo cual se agudiza en zonas rurales, donde son los
niños quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
TURNAN INICIATIVAS A COMISIONES
La
Presidencia turnó a la Comisión de Fomento Agrícola y Ganadero una iniciativa
con punto de acuerdo presentada por el grupo parlamentario del PRI, con el
objeto de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, a diversas
secretarías del Gobierno Federal y comisiones de la Cámara de Diputados, para
que de forma inmediata ordenen la liberación y restitución de los recursos del
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2019 destinados al campo.
También
para que se modifiquen los fondos y programas productivos para el campo en el
presupuesto 2020, expuso el diputado Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, quien
manifestó la preocupación de su grupo parlamentario por los productores y todos
los que se dedican a las actividades del campo, que se preguntan por qué no se
liberan los recursos del presupuesto.
“Esta
situación pudiera merecer la atención e intervención de la Secretaría de la
Función Pública, simplemente porque se estarían incumpliendo las acciones de
gobierno programadas y autorizadas en el ejercicio fiscal, que por cierto ya
pronto cierra”, aseveró.
La
propuesta, que no recibió los votos suficientes para ser considerada de urgente
y obvia resolución, al no votar a favor el grupo parlamentario de MORENA,
recibió comentarios de los diputados Miguel Ángel Chaira Ortiz, Lázaro Espinoza
Mendivil y Fermín Trujillo Fuentes.
Y
a la Comisión de Transparencia se envió para estudio la iniciativa presentada
por el diputado Martín Matrecitos Flores, con proyecto de ley de archivos para
el Estado de Sonora, con el objeto de armonizarla con la Ley General de
Archivos, la cual se publicó el 15 de junio de 2018 en el Diario Oficial de la
Federación.
Esta
establece los principios y bases generales para la organización y conservación,
administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial; órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la
Federación, estados y municipios.
La
Ley General señala en el Artículo Cuarto Transitorio que las legislaturas
locales tendrán un año a partir de la entrada en vigor de la Ley General, para
armonizar sus leyes de archivo, es decir, este Congreso tiene como fecha límite
el 16 de junio de 2020 para tener aprobada y publicada en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado de Sonora la armonización de la ley de archivos local.
La
diputada Marcia Lorena Camarena Moncada presentó una iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona una fracción XVII al Artículo 308 del Código Penal para el
Estado de Sonora, con el fin de tipificar el delito de robo comúnmente llamado
rapiña y que ocurre cuando las personas
se llevan o roban mercancía que transportan por vía terrestre, al ocurrir un
accidente en las ciudades o en las carreteras.
“Además
de lo anterior se está considerando una arista dentro de este tipo de hechos,
la cual podría tipificarse como una agravante adicional en aquellos casos donde
se acredite que padres o mayores de edad utilicen el apoyo de menores para el
efecto de referencia”, expresó la legisladora, quien propuso una penalidad de
seis a doce años de prisión.
Esta
iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, mientras que
a la de Gobernación y Puntos Constitucionales fue remitida la presentada por la
diputada María Dolores Del Río Sánchez, con proyecto de ley que reforma, deroga
y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de
Sonora.
Sostuvo
que su propuesta busca reivindicar en su justa y debida dimensión a cada Poder
del Estado, acotar la designación de funcionarios de primer nivel que se puedan
perpetuar y volver inamovibles, así como retomar facultades que tenía y debe
tener el Congreso del Estado dentro de su marco jurídico, al ser este el
contrapeso con los demás poderes, además de dotar de más herramientas a las
instituciones encargadas de procurar justicia, entre otros puntos.
La
diputada Alicia Gaytán Sánchez propuso modificar la Ley para prevenir, combatir
y eliminar actos de discriminación en el Estado de Sonora, con el objeto de que
en las ofertas de empleo no se restrinja el acceso por motivos de edad, aspecto
físico y que no se exija a las mujeres un examen de embarazo.
También
para que se establezca coordinación entre la Comisión Estatal de Derechos
Humanos y la Secretaría del Trabajo para la implementación de campañas de
concientización y cualquier tipo de acción que inhiba ese tipo de
discriminaciones, además de establecer una sanción equivalente a 35 a 70 Unidades
de Medida y Actualización establecidas para un día. Se turnó a la Comisión de
Asuntos del Trabajo.
Antes
de la clausura de la sesión, el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano presentó un
posicionamiento en relación a la aplicación de la Iniciativa Mérida en el
municipio de Guaymas, Sonora, por considerar, indicó, que se trata de uso de la
fuerza sin sentido.
Hizo
un llamado a la Presidenta Municipal de Guaymas para que no experimente y que
explique a la ciudadanía guaymense por qué dice que el mando militar no funcionó
en el referido Municipio.
La
última sesión del mes de octubre se citó para este jueves 31, a las 10:00
horas.
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