* TRAS SER EVALUADOS DEMOSTRARON TENER
LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON SU
FUNCIÓN.
CIUDAD DE MÉXICO.- Con un promedio superior a 95.3 en la calificación
final, personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, adscrito al
Sistema Estatal Penitenciario (SIEP), obtuvo por el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), la certificación del estándar de
competencia "Reglas Nelson Mandela", lo cual incentiva a redoblar
esfuerzos en el trabajo a favor de las personas privadas de su libertad.
En
representación de José David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública;
Ramón Tadeo Gradías Enríquez, coordinador general del SIEP, en compañía de los
seis servidores públicos evaluados, acudió a la entrega de dicho reconocimiento
que realiza la SEP-Conocer, a través del ente certificador, que es el Instituto
Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Por
Sonora aprobaron el examen: Ramón Tadeo Gradías Enríquez; Javier de Jesús
Ibarra Falomir, director general jurídico; Cristopher Aguiar Estrada, director
jurídico del Fuero Común; Arturo Riojas Duarte, encargado de Despacho de la
Dirección de Readaptación Social y los asesores jurídicos, Anel Patricia
Gutiérrez Obeso, Edson Gutiérrez García y Othoniel Fenech Mada Duarte, quienes
en conjunto lograron un promedio superior a 95.3 en la calificación final.
El
reconocimiento obtenido permite demostrar por medio de evidencias que dicho
personal adscrito al Sistema Estatal Penitenciario (SIEP), cuenta con los
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir con su función a
un alto nivel de desempeño, de acuerdo con lo definido en el Estándar de
Competencia.
El
proceso de acreditación precisó, se llevó a cabo del 30 de septiembre al 4 de
octubre del presente año, se realizó mediante al trabajo coordinado de la
Secretaría de Seguridad Pública en Sonora con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), la Embajada de Estados Unidos de América, a través de
“Iniciativa Mérida”; e Inacipe, que se encuentra en proceso de promoción, capacitación
y evaluación de los servidores públicos de los sistemas penitenciarios en
México.
Elba
Jiménez Solares, docente evaluador de Competencias del Inacipe, señaló que en
el examen calificaron los conocimientos y desempeño del personal en situaciones
específicas en las cuales se requería el uso y aplicación de las Reglas
Mandela.
Indicó
que en tres años deben volver a evaluarse para mantener la certificación y esto
también les exige a los servidores públicos que se encuentren constantemente
capacitados y actualizados en sus conocimientos en materia penitenciaria.
“Es
una prueba muy importante porque nos permite optimizar un mejor desempeño de
los servidores públicos, exige que estén actualizados, que se sensibilicen
respecto al conocimiento de las Reglas Mandela, que implica el tratamiento de
las Personas Privadas de la Libertad, y esto permite que tengamos una mejor
atención, un mayor respeto y una mayor protección de los derechos humanos en
los Centros de Reinserción Social”, afirmó Jiménez Solares.
ENTREGA SIEP INFORME DE ACTIVIDADES A
CNDH
La
comitiva del Sistema Estatal Penitenciario, posteriormente se reunió con la
tercera visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
Ruth Villanueva Castilleja, para hacer entrega formal de los avances en los
programas institucionales, actividades y esquemas ocupacionales respecto al
diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2018.
“Ha
sido notorio el avance y tendencia ascendente que se ha visto en el Sistema
Estatal Penitenciario de Sonora en todos los ámbitos relativos a la educación,
capacitación para el trabajo, salud y deporte”, opinó Villanueva Castilleja,
luego del encuentro con personal sonorense.
Asimismo,
se entregó el documento denominado “Buenas prácticas en materia de reinserción
social”, que se realiza en los centros penitenciarios, aplicando criterios de
transversalidad, perspectiva de igualdad de género y capacidades físicas, con
la intención de que toda la población en reclusión cuente con actividades
apropiadas para cumplir eficientemente con los ejes rectores que indica el
Artículo 18 Constitucional.
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