* APRUEBAN DECRETO QUE MODIFICA EL
CÓDIGO PENAL PARA AUMENTAR PENA POR DELITO DE COHECHO
* ENVÍAN A PUBLICACIÓN LA LEY 77 QUE
ADICIONA EL ARTÍCULO 20-A A LA CONSTITUCIÓN LOCAL EN MATERIA DE COMBATE A LA
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
HERMOSILLO.- El trabajo que realiza el Poder Legislativo en
materia de combate a la corrupción, para inhibir los actos por parte de los
servidores públicos que lesionan el estado de Derecho y la confianza que la
sociedad tiene en sus instituciones, ha sido fortalecido este día con la
aprobación del Decreto que incrementa la penalidad a quienes incurran en el
delito de cohecho.
En
esta última sesión de octubre, la asamblea aprobó por unanimidad la mesa
directiva que ejercerá funciones durante noviembre y que estará integrada por
los diputados Martín Matrecitos Flores, presidente; Marcia Lorena Camarena
Moncada, vicepresidenta; Rodolfo Lizárraga Arellano, primer secretario; Jorge
Villaescusa Aguayo, segundo secretario y Yumiko Yerania Palomarez Herrera,
suplente.
Con
base en una iniciativa ciudadana que los integrantes de la Comisión
Anticorrupción hicieron suya, se dictaminó y fue aprobado por unanimidad del
Pleno, que los servidores públicos de alguna corporación policial, ministerial
o de Seguridad Pública, de la Secretaría de Hacienda, del Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización, de la Secretaría de la Contraloría y del Tribunal de
Justicia Administrativa que incurran en el delito de cohecho recibirán pena
corporal que va de tres a nueve años, más una mitad más.
Además
de que se les inhabilitará de uno a diez años para desempeñar otro empleo,
cargo o comisión pública. También se incluye a las tesorerías y órganos de
control y evaluación gubernamental de los municipios que incurran en la
referida conducta, establece el Decreto que reforma y adiciona el Artículo 185
del Código Penal para el Estado de Sonora.
La
Comisión Anticorrupción dio a conocer que esta propuesta la presentó meses
atrás el ciudadano Arturo Fernández Díaz González, presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX SONORA NORTE, por lo
que en este nuevo contexto legislativo, la iniciativa, que proponía modificar
la denominación para que a ese ilícito se le conociera como soborno, por
considerar que dicho término es más conocido entre el común de la población,
viene a fortalecer el combate al delito de cohecho.
En
esta sesión ordinaria, la mesa directiva presentó el Acuerdo mediante el cual
este Poder Legislativo resuelve enviar para su publicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado, la Ley número 77 que adiciona el Artículo 20-A
a la Constitución Política del Estado de Sonora en materia de combate a la
discriminación y violencia contra la mujer, al haber sido aprobada por 50
ayuntamientos.
Con
esta adición, desde la Constitución local, el Estado tendrá una visión muy
clara respecto a la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos en materia de
violencia, mediante acciones legislativas que permitan aplicar con mayor
contundencia las políticas públicas en beneficio y protección de las mujeres
sonorenses.
La
Ley 77 que adiciona la Constitución local fue aprobada por los cabildos de
Altar, Bacanora, Moctezuma, Arizpe, Benjamín Hill, Cumpas, Huatabampo, Puerto
Peñasco, Rosario, Bacerac, Huásabas, Benito Juárez, Santa Ana, Nacozari de
García, San Pedro de la Cueva, San Luis Río Colorado, Magdalena de Kino,
Navojoa, Cajeme, Agua Prieta, Granados, Guaymas, Átil, San Javier, Nogales,
Nácori Chico y Baviácora.
Además
de General Plutarco Elías Calles, Bavispe, Oquitoa, Arivechi, San Miguel de
Horcasitas, Santa Cruz, La Colorada, Opodepe, Álamos, Banámichi, Bacoachi,
Fronteras, Rayón, Tubutama, Trincheras, Carbó, Naco, Pitiquito, Yécora,
Divisaderos, Ónavas, Huépac y Aconchi, Sonora.
TURNAN INICIATIVAS A COMISIONES
En
esta ordinaria también se aprobó el Decreto que establece prohibiciones
expresas en la Ley de Gobierno y Administración Municipal para que este
Congreso del Estado y los ayuntamientos no puedan autorizar la afectación, por
ningún medio legal, de los ingresos propios municipales u otros conceptos
susceptibles de afectación.
Tampoco
podrán comprometer como fuente primaria de pago de contraprestación alguna, los
recursos que consistan en el excedente del derecho de alumbrado público, los
recursos provenientes del Impuesto de Traslado de Dominio que reciba el
Municipio, y los recursos provenientes de la captación del Impuesto Predial.
Asimismo
se presentaron iniciativas con proyectos de decreto para reformar la Ley
Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de
Educación, la Ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente, la Ley de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como un proyecto de ley para
la construcción y rehabilitación de pavimentos del Estado de Sonora.
La
diputada Ernestina Castro Valenzuela propuso reformas y adiciones a la Ley
Orgánica del Poder Judicial, dada la nueva competencia que tiene este en
materia de justicia laboral, expuso, por lo cual resulta necesario adecuar su
marco jurídico de actuación a las reformas a la Constitución tanto Federal como
local.
Propuso
establecer la distritación judicial que tendrán los juzgados laborales en el
Estado señalando los municipios que comprenderá cada distrito, así como su
cabecera; incluir, dentro de los juzgados de primera instancia a los juzgados
laborales; establecer la competencia que tendrán estos; y la programación
presupuestal suficiente para que el Poder Judicial pueda cumplir con la nueva
encomienda.
La
iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, mientras que
las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Fomento Económico
y Turismo, estudiarán la iniciativa presentada por la diputada María Magdalena
Uribe Peña, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo estatal, con el propósito
de crear la Secretaría de Turismo en el Estado de Sonora.
El
objeto de contar con una ley en la materia es para establecer las bases
generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo
Federal, estados, municipios y la Ciudad de México, sostuvo, así como la
participación de los sectores social y privado.
Enseguida
presentó su iniciativa con proyecto de ley para la construcción y
rehabilitación de pavimentos del Estado de Sonora, el diputado Luis Mario
Rivera Aguilar, quien explicó que tiene el propósito de regular lo relativo a
las obras de pavimentación que se realicen en los términos de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y la
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.
Se
busca que las calles y carreteras cuenten con las características adecuadas en
materia de calidad y rodamiento seguro, bajo un modelo que considere las
dimensiones de cálculo, mecánica, hidráulica y física para encargarse del
diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial del Estado y
los municipios, dijo. Fue turnada a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
La
Presidencia remitió a las comisiones Primera y Segunda de Hacienda, y de
Seguridad Pública, en forma unida, una iniciativa con punto de acuerdo que no
recibió las dos terceras partes de los votos para que fuera considerada como de
urgente y obvia resolución, relativa a exhortar a la titular del Poder
Ejecutivo estatal y a la Fiscal General del Estado de Sonora, a efecto de que
se construya un centro integral de procuración de justicia en el municipio de
Navojoa.
La
diputada Gricelda Lorena Soto Almada propuso que se establezca en el
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020 un apartado especial de
recursos etiquetados para ese fin, bajo el argumento de que en dicha
municipalidad se cometen los delitos de robo patrimonial y comercial, violencia
intrafamiliar, incumplimiento de obligaciones familiares y homicidios, entre
otros, por lo que requieren instalaciones adecuadas para la atención integral
de las víctimas.
Y
para que se lleven a cabo medidas de prevención del cuidado al medio ambiente y
contrarrestar los efectos negativos por la tala indiscriminada de árboles en el
Estado, la diputada Miroslava Luján López presentó una iniciativa con proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de
Educación, del equilibrio ecológico y protección al ambiente, y de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano.
Indicó
que la propuesta busca concientizar desde muy temprana edad a todos los
estudiantes sobre la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente y sus
ecosistemas; que no sólo se lleve a la práctica en las aulas, sino que sean
partícipes de acciones que con el paso del tiempo les beneficien a ellos y a la
sociedad en su conjunto. La iniciativa será estudiada por las comisiones de
Educación y Cultura, y de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, en forma
unida.
La
próxima sesión del Pleno se citó para el martes 5 de noviembre, a las 11:00
horas.
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