HERMOSILLO.- Reformas a diversas disposiciones
jurídicas que garantizan el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la
personalidad, el acceso libre a los bienes de uso común desde la vía pública y
en condiciones dignas para todo tipo de usuarios, y la creación de una unidad
técnica para la igualdad de género en el Congreso del Estado, aprobó el Pleno
de la LXII Legislatura.
En esta última sesión de
septiembre, en la cual se eligió a la mesa directiva para el mes de octubre,
que estará encabezada por el diputado Carlos Navarrete Aguirre, la asamblea
también aprobó una nueva Ley de Servicios Inmobiliarios para el Estado de Sonora,
y decretos que modifican las leyes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, y de Promoción y Fomento Minero para el Estado de Sonora.
También se aprobó la integración
de la Comisión de Atención a Migrantes, y dos acuerdos con exhortos dirigidos a
autoridades de los ámbitos federal y estatal, en materia de pesca en el Golfo
de California y de abasto de agua potable en el municipio de Cananea, Sonora.
El primero de los dictámenes
presentados en esta sesión ordinaria correspondió a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora en materia
de identidad de género, el cual se fundamentó en una iniciativa presentada en
junio de 2019 por la diputada Miroslava Luján López.
Cualquier ciudadana o ciudadano
que quiera realizar la adecuación de su identidad de género autopercibida,
podrá hacerlo formalmente a través de un trámite administrativo claro y
sencillo ante las oficinas del Registro Civil del Estado, que le garantice y
facilite el ejercicio del derecho a su libre desarrollo de la personalidad, con
el fin de modificar su acta de nacimiento para variar su sexo e identidad, sin
que tenga que promover un juicio para esos efectos, establece.
Para la elaboración de este
dictamen, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos le requirió la opinión a
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyo Secretario General respondió que
se trata de una iniciativa que tiene su fundamento en criterios sostenidos por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocen derechos de las
personas que forman parte de la comunidad LGTBTTTIQ, y que en el caso concreto
tiene relación directa con la identidad de género autopercibida.
El Decreto establece que la
persona interesada podrá corregir en su acta de nacimiento el sexo o el género,
sin necesidad de acudir ante la autoridad judicial, sino solamente ante el
Oficial del Registro Civil.
Enseguida se aprobó el dictamen
presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con
proyecto de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del Artículo 136
de la Constitución Política del Estado de Sonora, que tiene por objeto
establecer la obligación de las autoridades municipales de garantizar el acceso
libre a los bienes de uso común desde la vía pública y en condiciones dignas
para todo tipo de usuarios.
Igualmente busca garantizar el
libre acceso de las personas a las playas ubicadas a lo largo y ancho del
territorio sonorense, por lo que no se contrapone con los términos establecidos
en la reforma a la norma federal, sino que la robustece y se anticipa a lo que
seguramente corresponderá realizar a esta Soberanía en el quehacer
parlamentario, en materia de actualización del marco jurídico local, estableció
la dictaminadora.
Este proyecto de Ley se basó en
una iniciativa presentada el año pasado por la diputada María Dolores Del Río
Sánchez, quien planteó reformar la Constitución local para dar un gran paso en
aras de atender una añeja problemática que tiene que ver directamente con los
derechos de los ciudadanos para transitar libremente por las playas. Las
autoridades municipales tendrán la potestad de reconocer, proteger y garantizar
el referido derecho.
En el orden del día siguió la
presentación del dictamen presentado por la Comisión para la Igualdad de
Género, con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, con el objeto de crear la Unidad Técnica para
la Igualdad de Género en el Congreso del Estado.
De acuerdo a la lectura del
resolutivo, que estuvo a cargo de la diputada María Alicia Gaytán Sánchez,
dicha unidad tiene como fin promover, proteger y respetar los derechos humanos
y de empoderamiento social y laboral de las mujeres al interior de este recinto
legislativo, con la cual se espera que este Poder sirva de ejemplo y que los
demás entes públicos que integran los otros poderes, ya sea en el ámbito
estatal o municipal, hagan lo propio en pro del reconocimiento y respeto de los
derechos de la mujer.
“Este Poder Legislativo ha
estado atento en realizar de manera oportuna su labor legislativa en materia de
igualdad de género. En el Pleno de este Congreso se han aprobado una serie de
iniciativas de ley o de decretos que empoderan a las mujeres, iniciativas
presentadas por distintos actores políticos y de la sociedad civil, desde la
titular del Ejecutivo del Estado, los legisladores de este Congreso, hasta
proyectos presentados por diversos colectivos feministas de nuestra entidad”,
destaca uno de los considerandos.
Todo ello con la finalidad de
erradicar la violencia de género en todas sus formas o presentaciones, como la
violencia política, violencia obstétrica, violencia familiar, violencia sexual
y el acoso sexual, agrega, así como lograr la igualdad de género de manera
vertical y transversal en la integración de los cargos y puestos públicos.
Como siguiente punto del orden
del día, el Pleno aprobó el Decreto que reforma los artículos transitorios
tercero, cuarto y quinto de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano del Estado de Sonora, a efecto de modificar los plazos contenidos en los
mismos, los cuales se establecieron cuando fue aprobado dicho ordenamiento, el
12 de junio de 2018 y por lo tanto, han quedado desfasados para el cumplimiento
de las autoridades municipales en la materia.
La diputada Gricelda Lorena Soto
Almada expuso, a nombre de la Comisión de Desarrollo Urbano, que de esta
manera, las autoridades dispondrán de más tiempo para allegarse información y
realizar las acciones previas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones
que les impone en dichos transitorios la Ley en la materia, lo que evitará
problemas en este ámbito a la administración pública y a la ciudadanía.
La misma dictaminadora presentó
el proyecto de Ley de Servicios Inmobiliarios para el Estado de Sonora, con
base en una iniciativa del diputado Jorge Villaescusa Aguayo, quien explicó a
la asamblea que a casi dos décadas de la entrada en vigor de la actual Ley que
crea el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios, esta ha quedado desfasada y
sirve poco a las necesidades del sector inmobiliario.
Sobre todo para dar una adecuada
respuesta a las demandas de los numerosos ciudadanos que requieren de servicios
confiables por parte de los asesores de dicho sector productivo, indicó, lo que
hace necesaria una normatividad más completa para crear un registro que se
constituya en una mejor herramienta para los usuarios de los servicios
inmobiliarios y los profesionales que los ofrecen.
Con la nueva legislación se
pretende crear una mejor regulación para las actividades inmobiliarias a efecto
de dar más seguridad a los usuarios de este servicio; otorgar mayor certidumbre
jurídica en relación a las operaciones inmobiliarias que se realicen en el
Estado; que los servicios del sector se presten con profesionalismo y
conocimientos, debidamente acreditados y certificados, entre otros aspectos.
El Pleno también aprobó el
Decreto que reforma el Artículo 18 de la Ley de Promoción y Fomento Minero para
el Estado de Sonora, con el objeto de permitir que los empresarios e
inversionistas mineros que operen como personas físicas o morales establecidos
o por establecerse en la entidad, además de reunir los requisitos establecidos
por las leyes fiscales respectivas, deban cumplir que al menos el 70 por ciento
del personal que labore en sus instalaciones sean habitantes del Municipio en
el cual se encuentren establecidas sus respectivas empresas mineras.
Esto les permitirá tener derecho
a acceder a los diversos incentivos fiscales que marca la Ley en la materia, con
la finalidad de que los beneficios directos de la actividad extractiva se
queden en el Municipio donde esta se desarrolla, expuso a nombre de la Comisión
de Minería, el diputado Carlos Navarrete Aguirre.
APRUEBAN TRES ACUERDOS Y TURNAN INICIATIVAS A COMISIONES
En esta sesión ordinaria se
aprobaron tres acuerdos, el primero que resuelve exhortar al Ayuntamiento de
Cananea, a la Dirección General Noroeste de CONAGUA, a la Unidad Operativa del
CEA Cananea, en funciones de organismo operador, y a la Comisión Estatal del
Agua, para que establezcan un convenio compromiso de colaboración con el objeto
de atender de forma inmediata cualquier contingencia de desabasto de agua en
dicha municipalidad, a propuesta de la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada.
El diputado Lázaro Espinoza
Mendívil propuso exhortar a los titulares de las secretarías de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Marina, para que
soliciten al Gobierno de Estados Unidos, a través de la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica, NOAA, que libere el embargo comercial que aún mantiene
sobre los productos pesqueros capturados en el Norte del Golfo de California
por embarcaciones menores y de mediana altura.
El tercer Acuerdo, a iniciativa
de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, resuelve
crear la Comisión de Atención al Migrante, toda vez que al haber quedado
establecida como permanente en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es
necesario quede sin efecto el Acuerdo número 89, de fecha 12 de febrero de
2019, mediante el cual se creó dicho órgano legislativo de manera especial.
La comisión estará integrada por
los diputados Miroslava Luján López, presidenta; Yumiko Yerania Palomárez
Herrera, Filemón Ortega Quintos, Fermín Trujillo Fuentes y Leticia Calderón
Fuentes, secretarios.
En el desarrollo de la sesión
ordinaria, el presidente de la mesa directiva, diputado Luis Armando Colosio
Muñoz, turnó a comisiones de dictamen legislativo siete iniciativas con
proyectos de decreto para modificar diversas disposiciones jurídicas.
La diputada Ernestina Castro
Valenzuela presentó un proyecto de ley que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, y otro proyecto
de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código
Fiscal del Estado de Sonora, de la Ley de Hacienda del Estado y de la Ley de
Hacienda Municipal, todos en materia de condonación de impuestos.
Explicó que en el ámbito local
no se ha hecho lo suficiente para que se sancione a los servidores públicos
involucrados en faltas graves por actos de corrupción, ni tampoco en el tema de
transparencia, por lo que con su iniciativa busca combatir la corrupción,
garantizar la austeridad y la transparencia en el ejercicio de los recursos
públicos, así como el fortalecimiento de las instituciones locales.
“Es importante crear los instrumentos
jurídicos necesarios para cerrar el paso a la corrupción y uno de estos lo
constituye esta iniciativa con la cual el Ejecutivo del Estado no podrá
condonar el pago de impuestos como se hizo en el pasado, ocasionando un daño
patrimonial al Gobierno estatal y al interés general de la población
sonorense”, aseveró.
La iniciativa se turnó para
estudio a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Primera y
Segunda de Hacienda, en forma unida, mientras que la Comisión de Deporte
estudiará la presentada por el diputado Orlando Salido Rivera, con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Artículo 10 de la Ley
de Cultura Física y Deporte.
Su intención, dijo, es cerrar un
círculo en el que pueda darse aprovechamiento total a los distintos deportistas
que destacan, que no se queden en un talento inmóvil y sin descubrimiento en lo
municipal, local o regional, para lo cual propone establecer tiempos periódicos
para visitar instituciones educativas y organizaciones deportivas en busca de
talentos en la participación de todas las ramas o categorías del deporte.
El diputado Luis Mario Rivera
Aguilar presentó enseguida una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de protección ciudadana contra los
efectos nocivos del cigarro, con el objeto de reducir el riesgo notorio que
representa la mala disposición de colillas y, a la vez, dar un paso hacia la
satisfacción de los derechos medioambientales en el Estado.
Las colillas son un desecho que
ha sido normalizado y que ha colaborado enormemente en la contaminación de los
suelos y mares, ya que posiblemente son uno de los desechos más comunes con los
que se encuentran las personas día a día, y un solo filtro tiene la capacidad
de contaminar alrededor de 15 litros de agua del mar, mientras que cada año se
desechan alrededor de 4.5 trillones de colillas.
La iniciativa se turnó a la
Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, y la de Justicia y
Derechos Humanos estudiará el proyecto de decreto presentado por el diputado
Luis Armando Colosio Muñoz, a efecto de adicionar diversas disposiciones al
Código Penal para el Estado de Sonora para erradicar la difusión de imágenes
revictimizantes en los medios impresos y electrónicos del país, sin afectar la
libertad de expresión de los particulares.
Propuso adicionar un capítulo IV
al Título Décimo Séptimo y el artículo 291 bis a la legislación punitiva, para
establecer lo siguiente:
Comete el delito contra la
dignidad de la víctima u ofendido, y se sancionará con una pena de dos a ocho
años de prisión y multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización
a quien, en su carácter de Primer Respondiente en el Sistema Penal Acusatorio,
exponga, difunda, transmita, enajene, o publicite por cualquier medio imágenes,
fotos, videos, audios o datos derivados de la comisión de un delito de los
cuales tenga conocimiento en razón de su cargo.
La Presidencia turnó enseguida a
la Comisión de Salud, una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
título octavo bis a la Ley de Salud para el Estado de Sonora, presentada por el
diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz, quien propuso garantizar una muerte digna y
tranquila a las personas contagiadas por COVID-19 y que se encuentren en fase
terminal.
“Propongo incluir un apartado
especial en la Ley de Salud para el Estado de Sonora, para garantizar a las y
los pacientes contagiados por Covid-19 y que se encuentran hospitalizados y en
estado terminal tengan derecho a tener a un familiar que los acompañe en el
tiempo de vida que les quede de vida y puedan despedirse tranquilamente de sus
seres queridos”, expresó.
Y para eliminar la figura del
divorcio necesario del Código de Familia, el diputado Rodolfo Lizárraga
Arellano presentó una iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas
disposiciones de dicha norma, por considerar, dijo, que es anticonstitucional y
obsoleto, además de que existe jurisprudencia sobre esto en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que resolvió: divorcio sin expresión de causa constituye
una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
“Necesitamos entrarle al
análisis de estos temas en conjunto con la sociedad, las organizaciones de
abogados y abogadas, pues Sonora se ve rezagado en reconocimiento de derechos a
las personas, afectando el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El
Código de Familia necesita una reforma de fondo”, afirmó.
La iniciativa se turnó a la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos, mientras que la Primera y Segunda de
Hacienda estudiarán un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora y de
la Ley Estatal de Responsabilidades, presentado por la diputada Diana Platt
Salazar.
Informó que, en atención a las
recomendaciones reiteradas por el Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización, se propone adicionar una fracción VI al Artículo 51 de la Ley de
Contabilidad, para contemplar el daño o inutilización de los sistemas y equipos
contables que se encuentren en pleno funcionamiento de los entes públicos.
“Al sancionar esta conducta se
pretende inhibir su comisión, evitando por una parte que administraciones
salientes puedan dañar deliberadamente sistemas contables y por el otro que
administraciones entrantes realicen gastos innecesarios que traigan como
consecuencias afectaciones al patrimonio del ente público”, externó.
En la iniciativa también se
propone incorporar en el catálogo de faltas administrativas graves de los servidores
públicos previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades, las concernientes al
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la de Contabilidad
Gubernamental, dado que actualmente la legislación no lo contempla, cuando el
servidor público que directamente haya ejecutado actos o incurra en omisiones
que transgredan las disposiciones en la materia, o a quien haya omitido la
revisión o autorizado tales actos que impliquen dolo, culpa, negligencia o mala
fe.
Antes de clausurar la sesión y
citar para la próxima el 1° de octubre, a las 10:00 horas, el Pleno aprobó la
designación de los integrantes de la mesa directiva que ejercerá funciones a
partir de este jueves. Junto al diputado Carlos Navarrete Aguirre estarán los
diputados Miroslava Luján López, como vicepresidenta; Rodolfo Lizárraga
Arellano, como primer secretario; Fermín Trujillo Fuentes, como segundo
secretario; y Nitzia Corina Gradías Ahumada, como suplente.
