HERMOSILLO.- Motivar e incentivar la actividad empresarial
de los jóvenes mediante el establecimiento de condiciones que les permitan
competir en un mercado cada vez más desarrollado, es uno de los objetivos de la
Ley de fomento al emprendimiento juvenil del Estado de Sonora, aprobada hoy por
unanimidad del Pleno.
La diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada, quien el 9 de abril de 2019
presentó la iniciativa con proyecto de ley, expuso que Sonora cuenta con un
ambiente propicio para impulsar la cultura emprendedora, además de que el
sistema educativo destaca a nivel nacional por su calidad y el talento de los
jóvenes sonorenses es reconocido a escala internacional.
“El crecimiento de nuestras empresas en sectores como el automotriz, el
aeroespacial, el eléctrico-electrónico y el energético, han posicionado nuestra
región como una de las más atractivas a nivel mundial.
“Estas condiciones, aunadas a una juventud sonorense acostumbrada a
abrirse camino en estos tiempos inciertos, y a incorporar la tecnología y la
innovación en sus actividades diarias, ubican a nuestro Estado en una posición
inmejorable para convertirse en la cuna del emprendimiento juvenil”, aseveró la
Presidenta del Congreso del Estado.
La Organización Internacional del Trabajo elaboró un estudio regional
sobre promoción del emprendimiento y la innovación social juvenil, enfocado en
América Latina, en el cual recomienda que el fomento de las actividades
emprendedoras se enfoque, principalmente, en las personas más jóvenes, sostuvo
Gradías Ahumada.
La Ley se conforma por 21 artículos, distribuidos en cuatro capítulos:
Disposiciones generales; De las autoridades y órganos competentes; Del Fondo
para la Juventud Emprendedora;
Tendrán obligaciones el Poder Ejecutivo estatal, a través de las
secretarías de Economía, del Trabajo, de Educación y Cultura, y el Instituto
Sonorense de la Juventud, así como lo que les corresponda a los ayuntamientos.
ENVIARÁN EXHORTOS; APRUEBAN
DICTÁMENES
En esta sesión ordinaria se aprobó una iniciativa con punto de Acuerdo,
en la que el Pleno resuelve exhortar al Congreso de la Unión y a la Fiscalía
General de la República, a efecto de que se abstengan de eliminar el delito de
feminicidio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Código Penal Federal.
La diputada María Dolores Del Río Sánchez expuso que, de acuerdo a
cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
durante 2019 se cometieron 976 feminicidios en el país, y su aumento va de la
mano con el incremento de muchas otras formas de violencia contra las mujeres,
y se agrava más ante la falta de actuación con perspectiva de género de las
autoridades.
“El feminicidio es la forma de violencia más grave en contra de la
mujer, sin embargo, es prácticamente la única conducta punible con perspectiva
de género en la legislación penal federal.
Por ello, cuando hablamos de combatir la violencia de género debemos
plantear un amplio catálogo de conductas que deben normarse y sancionarse con
especial severidad en la legislación penal y que seguramente impactarán en la
disminución de muchos delitos de género”, aseveró.
Del Río Sánchez calificó como alarmante la intención del Fiscal General
de la República, Alejandro Gertz Manero, de eliminar el tipo penal de
feminicidio para redefinirlo como agravante del homicidio, bajo el argumento de
que para el Ministerio Público es difícil acreditarlo, en el marco de la
iniciativa de creación de un Código Penal único en México.
La propuesta de la legisladora recibió comentarios de apoyo de parte de
los diputados Luis Armando Colosio Muñoz, Carlos Navarrete Aguirre, María
Magdalena Uribe Peña y Luis Mario Rivera Aguilar.
Otro Acuerdo aprobado por la asamblea es el que resuelve exhortar al
Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, a propuesta de la diputada
María Magdalena Uribe Peña, para que por medio de sus facultades y
atribuciones, se realicen las acciones correspondientes para que las
plataformas digitales cumplan con su obligación impositiva, así como destinar
el recurso recaudado a los fideicomisos de las oficinas de convenciones y
visitantes.
Indicó que de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Guaymas-San
Carlos, A.C., le solicitaron defender que el Impuesto Sobre Hospedaje llegue
íntegro a los fideicomisos, como ha sido hasta la fecha: 90 por ciento para las
OCV y diez por ciento para gastos administrativos de la Secretaría de Hacienda.
Derivado del primer foro consultivo para socializar las iniciativas
para crear una secretaría de turismo estatal y una nueva ley de turismo,
personal de la Oficina de Convenciones y Visitantes Guaymas-San Carlos,
manifestaron su preocupación porque a pesar de los esfuerzos realizados por
dicha organización para aumentar la ocupación hotelera, han tenido adversidades
y por lo tanto, menos recaudación y presupuesto para inversión publicitaria,
agregó.
En el desarrollo de la sesión ordinaria, el Pleno aprobó dos dictámenes
con acuerdos presentados por la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, el primero sobre la renuncia presentada por la ciudadana
María Teresa Silva López, al cargo de regidora propietaria del Ayuntamiento de Divisaderos, Sonora, con
efectos a partir de hoy, razón por la cual deberá hacerse del conocimiento a la
ciudadana Olivia Quintana Acuña el contenido de la resolución, a efecto de que
rinda la protesta de Ley.
Se comisionó al diputado Fermín Trujillo Fuentes para acudir a la toma
de protesta referida en el punto anterior del Acuerdo, en nombre y
representación de este Poder Legislativo.
El segundo resolutivo aprueba la renuncia presentada por el ciudadano
Manuel Arturo Lomelí Cervantes, al cargo de regidor propietario del
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, con efectos a partir de hoy, por lo que se
llamará a su suplente, Mario Eusebio Arriaga Aboite, para que acude a rendir
protesta de Ley. Se comisionó a la diputada Yumiko Yerania Palomárez Herrera,
en representación del Poder Legislativo.
Sobre este punto, el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano solicitó no
fuera aprobado el dictamen, por considerar que el procedimiento que llevó a
cabo el Cabildo de Guaymas no se ajustó a las disposiciones de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, y aseguró que el ciudadano que renuncia a
la Regiduría ya lo ha hecho en otras ocasiones, y esta vez es porque se
pretende que asuma la Secretaría de dicho órgano de gobierno municipal.
La postura del legislador generó un debate en el Pleno con algunos de
los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en
cuya resolución no hubo inconsistencias, ya que se calificó un acto del Cabildo
de Guaymas, coincidieron los diputados Eduardo Urbina Lucero y Jesús Alonso
Montes Piña. Finalmente el dictamen fue aprobado por mayoría.
TURNAN INICIATIVAS A COMISIONES
DICTAMINADORAS
En esta ordinaria, la Presidencia turnó a comisiones cuatro iniciativas
con proyectos de decreto presentadas por los diputados Martín Matrecitos
Flores, Marcia Lorena Camarena Moncada, Orlando Salido Rivera y Rodolfo
Lizárraga Arellano, a efecto de modificar disposiciones de las leyes de
Cardioprotección, la de espectáculos públicos del Estado, el Código Penal y la
Ley de Transporte, respectivamente.
Matrecitos Flores afirmó que la Ley de Cardioprotección, aprobada por
la anterior Legislatura, es un instrumento que sin lugar a duda permite reducir
los eventos por muerte súbita cardíaca, sin embargo encontró oportunidades de
mejora regulatoria en la misma, ante el hecho de que las enfermedades del
corazón son la primera causa de muerte en adultos en la entidad.
Propuso que se consideren áreas o terrenos cardioprotegidos con
desfibriladores en los siguientes inmuebles y espacios: edificios públicos o
privados; escuelas en todos sus niveles; oficinas; espacios turísticos;
cualquier lugar de descanso o esparcimiento; hoteles; gimnasios; terminales de
transporte (portuarias y terrestres); centros nocturnos, como bares, antros y
centros de bailes exóticos; centros comerciales; supermercados; centros
quirúrgicos que no cuentan con servicio de emergencia; clínicas privadas;
casinos; estadios y campos deportivos, entre otros.
La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Salud, mientras
que a la Comisión de Deporte se envió la presentada por la diputada Camarena
Moncada, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
a la Ley para la celebración de espectáculos públicos del Estado de Sonora, con
el propósito de imponer sanciones claras y contundentes a quienes fomenten o
generen conductas violentas en espectáculos deportivos.
Expuso que la legislación en cita no establece sanciones claras y
ejemplares para aficionados, jugadores, entrenadores, jueces o directivos que
promuevan o realicen actos violentos dentro o fuera de los estadios, o antes,
durante y después de los eventos deportivos, como sí está estipulado en la
Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, que imponen sanciones más rigurosas
contra personas que promuevan o realicen actos de violencia, como ha ocurrido
frecuentemente en diversas ciudades del Estado.
Y para eliminar el delito de calumnias del Código Penal para el Estado
de Sonora, a fin de no afectar la libertad de expresión de las y los
comunicadores, el diputado Orlando Salido Rivera presentó una iniciativa con
proyecto de decreto que deroga disposiciones de dicha legislación punitiva.
Recordó que el 8 de febrero de 2016, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos emitió la recomendación general número 24, sobre el ejercicio de la
libertad de expresión en México, en la que solicitó a los gobernadores de los
estados promover las adiciones y reformas necesarias ante sus respectivas
legislaturas, a efecto de que los delitos de injurias, difamación y calumnias
sean despenalizados, y que en su caso se prevean las acciones a seguir en las
legislaciones civiles cuando se cause un daño.
La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos. La Comisión de Transporte y Movilidad estudiará la iniciativa
presentada por el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano, con proyecto de decreto
que reforma la fracción XVI del Artículo102 de la Ley de Transporte para el
Estado de Sonora.
Resulta necesario, dijo, que la legislación cuente con una disposición
que faculte vigilar al concesionario o permisionario para que se use
moderadamente un aparato de sonido en las unidades de transporte, por
considerar que este servicio público debe ser un espacio de respeto y paz, que
permita un traslado armónico y que no cause conflicto, pues es para beneficio
de las y los usuarios.
La próxima sesión del Pleno se citó para el martes 18 de febrero, a las
11:00 horas.
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