* SON DOS LOS INTEGRANTES DE LA
MISMA CORPORACIÓN MUNICIPAL LOS SEÑALADOS POR UN MÉDICO GENERAL COMO QUIENES
EJERCIERON EXTORSIÓN EN SU CONTRA.
* AL PARECER EL IMPUTADO Y UN
CÓMPLICE EXTORSIONABAN A MÉDICOS DE LA LOCALIDAD PARA OBTENER BENEFICIOS
ECONÓMICOS, PERO EL GALENO, CON LA CERTEZA DE QUE SU EJERCICIO PROFESIONAL
ESTABA APEGADO A LA LEY, DECIDIÓ DENUNCIARLOS.
* EL AHORA IMPUTADO FUE
CAPTURADO, EL 9 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR AGENTES DE MIGRACIÓN Y
ENTREGADO A ELEMENTOS DE LA AGENCIA MINISTERIAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA
FGJE CUANDO INTENTÓ CRUZAR A NOGALES ARIZONA Y DETECTARON LA ORDEN DE
APREHENSIÓN VIGENTE EN SU CONTRA.
* SE CONTINÚAN CON LAS
INVESTIGACIONES PARA UBICAR AL SEGUNDO POLICÍA PARTICIPANTE EN ESTE DELITO.
* LA FGJE LLEGARÁ HASTA LAS
ÚLTIMAS CONSECUENCIAS PARA CASTIGAR A QUIENES, HACIENDO USO DE SU CARGO O
PUESTO EN INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, INCURRAN EN DELITOS CONTRA LA
CIUDADANÍA.
NOGALES.- Aprovecharse de su cargo como Policía
Municipal de Nogales para obtener un beneficio económico por medio de la
extorsión, llevó a que Jorge a pisar las celdas para permanecer en prisión
preventiva por la imputación en este delito.
Jorge junto con su compañero de trabajo Miguel Ángel y posiblemente
otro cómplice, llevaban a cabo extorsiones entre los médicos de la localidad,
siguiendo el mismo patrón para obtener beneficios económicos.
Fue el 12 de junio de 2019 cuando un médico general presentó la
denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, para exponer el delito del que
fue víctima.
Señaló que el día anterior, en uno de los consultorios perteneciente a
una farmacia de la ciudad donde presta sus servicios, había recibido la visita
de un paciente que dijo llamarse: Oscar Humberto, de nacionalidad
estadounidense, que acudía a consulta de parte de otro médico, para que lo
ayudara con una receta para comprar medicamentos controlados pues padecía de
ansiedad.
El médico lo ayudó y le expidió la receta de los medicamentos señalados
por el otro galeno, y el paciente se retiró del lugar.
Transcurridos alrededor de cinco minutos dos policías municipales
arribaron a la farmacia buscando al médico general, argumentando que por fuera
del consultorio encontraron a una persona sospechosa, que portaba entre sus
pertenecías una receta de medicamentos controlados expedida por él y que esa
acción era un delito federal, por lo que iban a turnar su caso a la “Procuraduría”
(sic) General de la República, por lo que quedaba detenido.
El médico fue trasladado, en la unidad oficial No.1809, a los patios
superiores de la Delegación de la Zona Centro, conocida como C4. Durante el
recorrido los policías le señalaban que si lo turnaban a la PGR iba a perder su
cédula profesional, por lo que ya no iba a poder ejercer, porque lo iban a
meter a la cárcel y para poder salir de ahí el monto mínimo de la multa que
debería de pagar, sería aproximadamente de 100 mil pesos.
Al llegar a la Delegación, los policías le sugirieron pagarles a ellos
la cantidad de 50 mil pesos, a cambio de no enviarlo a la PGR; el doctor estaba
preocupado, por lo que a través de una llamada telefónica buscó ayuda del
propietario de las farmacias donde está el consultorio, le explicó lo ocurrido
y le indicó el monto solicitado por los uniformados.
Además, uno de los policías de nombre Jorge habló con el dueño de las
farmacias y le reiteró que para no enviar al médico a la PGR tenía que cubrir
el monto de 50 mil pesos, el empresario accedió a apoyar al galeno, y explicó
que le depositaría esa cantidad en su tarjeta de nómina.
En cuanto supieron que el dinero había sido transferido, los agentes
policiacos trasladaron nuevamente al médico, pero ahora en un automóvil
particular hacia un banco para que retirara el dinero, no obstante, esto no fue
posible, debido a que, por políticas de la institución bancaria, el dinero
depositado debe permanecer al menos 24 horas en la cuenta donde fue almacenado.
Sin el dinero y dados los inconvenientes para recibir la cantidad solicitada,
los uniformados trasladaron a la víctima a su consultorio y le indicaron que al
siguiente día lo contactarían para recibir el dinero.
El médico se asesoró y se dio cuenta que todo lo que estaba viviendo
era una extorsión, y con la certeza de que su ejercicio profesional estaba
apegado a la ley, decidió denunciarlos,
por lo que procedió a presentar una queja formal ante el Departamento de
Asuntos Internos de la Policía Municipal, en donde proporcionó el número de
unidad oficial en el que fue trasladado, ahí le mostraron las fotografías de
los agentes y le dieron sus nombres completos, él los reconoció plenamente como
quienes intentaron perjudicarlo.
Horas más tarde, el médico se enteró que una colega, había vivido algo
similar en cuanto al hecho de extorsión, se puso en contacto con ella y durante
la plática se detectó que habían utilizado el mismo modus operandi, por lo que
ella procedería también a poner la denuncia.
Con la denuncia presentada ante la FGJE, la Unidad de Investigación
realizó las diligencias necesarias, a fin de recabar los suficientes datos de
prueba.
Una vez que se tuvo esta información se solicitó la orden de
aprehensión al Juez Oral Penal del Distrito Judicial tres de Nogales, misma que
fue emitida el 20 de septiembre de 2019 bajo la causa penal 330/2019, donde
Jorge y Miguel Ángel, ambos policías municipales, son señalados por su probable
participación en el Delito de Extorsión, por dos o más personas armadas,
integrantes de una institución policial.
La orden de aprehensión fue ejecutada el domingo 09 de febrero del año
en curso por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal,
quienes fueron informados por autoridades de migración de Estados Unidos, que
Jorge fue detenido al cruzar la frontera hacia Nogales Arizona, al ser
detectada su orden de aprehensión vigente por el agente de migración.
El 10 de febrero del presente año se llevó a cabo la audiencia inicial
donde se le formuló imputación a Jorge por el delito de Extorsión, se solicitó
como medida cautelar la prisión preventiva y se estableció un plazo de 4 meses
para el cierre de la investigación complementaria.
Además, se continúan con las investigaciones para ubicar al segundo
policía participante en este delito.
La FGJE llegará hasta las últimas consecuencias para castigar a quienes,
haciendo uso de su cargo o puesto en instituciones de seguridad pública,
incurran en delitos contra la ciudadanía.
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