HERMOSILLO.- El Pleno del Congreso del Estado resolvió
exhortar al Presidente de la República, para que a través de la Secretaría de
Gobernación declare la alerta de violencia de género en el país, y aprobó un
Decreto para integrar el Registro Estatal de Víctimas, en el cual se incluirá a
las niñas, niños y adolescentes del Estado de Sonora en situación de orfandad
por feminicidio.
En la misma temática, en esta sesión ordinaria se presentaron
iniciativas para que la penalidad a quien cometa el delito de feminicidio vaya
de 40 a 80 años de prisión en lugar de 30 a 60 años como está actualmente, y
para que este Poder Legislativo cuente con una unidad técnica para la igualdad
de género, mismas que se remitieron para estudio a las comisiones de Justicia y
Derechos Humanos, y para la Igualdad de Género, respectivamente.
El Acuerdo que resuelve exhortar al titular del Poder Ejecutivo
Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación declare la alerta de
violencia de género en el país, también está dirigido a las comisiones Nacional
y Estatal de Derechos Humanos, a efecto de que soliciten al Presidente de la
República dicha declaratoria.
La diputada Leticia Calderón Fuentes presentó esta propuesta al Pleno,
la cual inicialmente planteaba declarar la alerta en la entidad, por
considerar, expuso, que en el Estado de Sonora la violencia de género contra las
mujeres ha ido en aumento en los últimos años.
Refirió que el Artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia define a la Alerta como el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por
la propia comunidad, en tanto el Artículo 25 establece que corresponde al
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, hacer la
declaratoria y notificar al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se
trate.
En el punto tercero del Acuerdo se establece exhortar a la Gobernadora
del Estado, para que con independencia de la emisión de la alerta de violencia
de género por parte del Gobierno Federal, realice las acciones gubernamentales
de emergencia que sean necesarias para enfrentar y erradicar la violencia en
contra de las mujeres y garantizar su seguridad en el Estado de Sonora.
Se acordó incluir en el exhorto al Fiscal General de la República, a la
Fiscal General de Justicia del Estado y a los 72 presidentes municipales.
En la discusión de la propuesta participaron los diputados Carlos
Navarrete Aguirre, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Eduardo Urbina Lucero, Luis
Armando Colosio Muñoz, María Dolores Del Río Sánchez, Alicia Gaytán Sánchez,
Jorge Villaescusa Aguayo, Rodolfo Lizárraga Arellano, Filemón Ortega Quintos y
Miguel Ángel Chaira Ortiz.
Las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de los Derechos de la
Niñez, la Adolescencia y la Juventud, en forma unida, presentaron al Pleno el
dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley de Atención a Víctimas y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, con base a la iniciativa que el pasado 28 de noviembre presentó
la diputada Rosa Icela Martínez Espinoza, que tiene por objeto proteger a los
menores de edad que son víctimas colaterales del delito de feminicidio por la privación
de la vida de sus madres.
“El padrón de víctimas indirectas del feminicidio permitirá identificar
con claridad a las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por el
asesinato de sus madres, y brindarles protección a sus derechos”, expresó la
legisladora.
El Decreto establece que en la Ley de Atención a Víctimas, de manera
explícita, se deja a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas, órgano operativo del sistema estatal en la materia, la integración
del Registro Estatal, en el cual se incluirá a niñas, niños y adolescentes en
situación de orfandad por feminicidio.
En la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establecen
las medidas protectoras especiales que deben llevar a cabo las autoridades
estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para
garantizar el respeto a los derechos de los menores en situación de
vulnerabilidad, agregó.
En el desarrollo de esta sesión ordinaria, la asamblea aprobó el
Decreto mediante el cual se reforman las denominaciones del Título Décimo y de
su Capítulo IV, y se adicionan los artículos 148 BIS 2, 148 BIS 3, 148 BIS
4,148 BIS 5, 148 BIS 6, 148 BIS 7 y 148 BIS 8 a la Ley de Salud para el Estado
de Sonora, en materia de salud bucodental escolar.
La Comisión de Salud dictaminó, con base a iniciativas presentadas por
la diputada Miroslava Luján López, y por los diputados Francisco Javier Duarte
Flores y Fermín Trujillo Fuentes, un solo resolutivo que establece
disposiciones jurídicas para que la Secretaría de Educación y Cultura, por un
lado, y la de Salud, por el otro, fomenten la salud bucodental desde la
infancia.
Ambas secretarías deberán dotar anualmente y de manera gratuita a las
alumnas y alumnos de preescolar y primaria, de un paquete de salud bucodental
consistente en una pasta dental, un cepillo de dientes y un manual de los
buenos hábitos del cepillado para la salud bucal, al quedar establecido en el
Capítulo Cuarto del Título Décimo, que engloba los programas para combatir de
manera especializada a las enfermedades que más afectan a la población infantil
del Estado.
PRESENTAN INICIATIVAS Y POSICIONAMIENTOS
Para intensificar las penas y sanciones a todos aquellos que cometan el
delito de feminicidio, el diputado Luis Armando Colosio Muñoz presentó una
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el penúltimo párrafo del
Artículo 263 BIS 1, del Título Décimo Sexto, Capítulo III BIS del Código Penal
para el Estado de Sonora.
Sostuvo que a pesar del esfuerzo realizado por contar con un marco
jurídico que garantice los derechos humanos de las mujeres; que prevenga,
atienda y sancione la violencia contra la mujer, aún se requieren mayores
esfuerzos, específicamente para atender los feminicidios, por ser la
manifestación más cruel de la violencia extrema contra las mujeres y por su
profundo impacto social.
En esta iniciativa, que estudiará la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos, propone que la penalidad por el delito de feminicidio vaya de 40 a 80
años, en lugar de 30 a 60 años como está establecido en la legislación punitiva
de Sonora.
Y a la Comisión para la Igualdad de Género se turnó para estudio una
iniciativa presentada por la diputada María Alicia Gaytán Sánchez, con el
objeto de crear una unidad técnica para la igualdad de género en el Congreso
del Estado, para lo cual propuso adicionar un título décimo sexto a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.
Explicó que la unidad tendrá como propósito coordinar el proceso de
implantación e institucionalización de la perspectiva de género de forma
transversal en el diseño, planeación, presupuesto, ejecución y evaluación de
los proyectos, programas y acciones del Poder Legislativo, además de contribuir
con las acciones que se establezcan en materia de ética, integridad, igualdad
de género, prevención de conflicto de interés, hostigamiento y acoso sexual,
así como actos de discriminación y violencia laboral.
Y para que los permisionarios que así lo soliciten obtengan una
licencia de alcoholes provisional, siempre y cuando cumplan con los requisitos
de Ley, el diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz presentó una iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que
regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la
fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta
y consumo de bebidas con contenido alcohólico, y de las leyes de Hacienda
Estatal y Municipal.
Dicha licencia, dijo, tendrá una temporalidad de un año y con un costo
del 30 por ciento de la cuota establecida, misma que al fenecer su tiempo y si
el permisionario desea continuar con su establecimiento o negocio, deberá
cubrir el 70 por ciento restante de la cuota original para obtener la licencia
definitiva, así como el costo de su revalidación anual. La iniciativa se turnó
a la Segunda Comisión de Hacienda.
La diputada Rosa María Mancha Ornelas presentó por su parte una
propuesta con punto de acuerdo para que este Poder Legislativo, en ejercicio de
la facultad establecida en los artículos 71, fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 64, fracción I de la Constitución
local, presente ante el Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Pesca
y Acuacultura Sustentable.
Lo que se busca es que se reconozca y garantice el derecho de los
pueblos y comunidades indígenas al uso y disfrute preferente de los recursos
naturales de los lugares que habitan y ocupan, en virtud de que la referida
legislación federal no reconoce este derecho como política de Estado, lo que se
puede interpretar como que están sujetos a medidas discriminatorias, al no ser
parte de la promoción de la igualdad de oportunidades, aseveró. La iniciativa
será estudiada por la Comisión de Pesca y Acuacultura.
La Presidencia turnó a la Comisión de Transporte y Movilidad una
iniciativa presentada por el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño, a fin de
adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del
Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, para que la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC, participe en dicho órgano.
Indicó que la CMIC aportaría los conocimientos técnicos y económicos
del comportamiento del servicio de transporte público urbano y de carga, así
como de las afectaciones socioeconómicas del aumento de tarifas a dicho
servicio.
Los puntos 13 y 14 del orden del día correspondieron a los
posicionamientos presentados por los diputados Filemón Ortega Quintos, en
relación al tema de viviendas en el municipio de Álamos, Sonora, derivado de la
tormenta tropical 19-E, y Carlos Navarrete Aguirre, para recordar a los mineros
fallecidos en Pasta de Conchos, Coahuila, respectivamente.
Ortega Quintos hizo un llamado a que la Secretaría de Desarrollo Social
y la Comisión de Vivienda, ambas del Estado de Sonora, den cumplimiento al
compromiso hecho por la titular del Poder Ejecutivo estatal cuando ocurrió el
fenómeno meteorológico en 2018, con el objeto de que sean beneficiados los
ciudadanos cuyas casas resultaron afectadas.
A catorce años de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, donde
fallecieron 65 mineros el 19 de febrero de 2006, la exigencia es que se cumpla
con el rescate de sus restos, como lo prometió el titular del Poder Ejecutivo
Federal, y que se tomen las medidas legales contra quienes resulten
responsables por dicho accidente laboral, afirmó por su parte Navarrete
Aguirre.
El Pleno sesionará el martes 25 de febrero, a las 10:00 horas.
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