HERMOSILLO.- Para garantizar los derechos humanos
de las personas que son sancionadas en los separos preventivos de las autoridades
administrativas municipales, el Pleno del Congreso del Estado aprobó que se
impongan medidas mínimas a los ayuntamientos, quienes estarán obligados a
emitir un reglamento en el que se establezcan los derechos y obligaciones de
los detenidos, arrestados y personas que acudan a ese tipo de instalaciones.
Mediante Decreto que reforma el
Artículo 210 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y que
adiciona diversas disposiciones a la Ley de Gobierno y Administración
Municipal, los gobiernos municipales también estarán obligados a regular la
administración y funcionamiento de los separos, así como a establecer de manera
precisa las facultades y restricciones de los servidores públicos adscritos a
esas instalaciones.
Esta sesión ordinaria se
desarrolló de manera virtual, en base al Acuerdo aprobado el pasado 7 de
septiembre por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP,
que establece que las sesiones ordinarias de los días 10, 17 y 24 de septiembre
se desarrollarían bajo esta modalidad, dejando las sesiones presenciales para
los días martes.
Las comisiones de Justicia y
Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, en forma unida, presentaron el
dictamen que resultó del estudio a la iniciativa que la diputada Rosa Icela
Martínez Espinoza presentó ante esta Soberanía el 24 de octubre de 2019, en la
cual planteó la importancia de que en las celdas municipales se garantice el
respeto a las personas que ahí se encuentren.
También para que se eviten
acontecimientos lamentables, que han llegado incluso a privar de la vida a
personas ajenas a algún hecho delictivo y cuyo más grande error fue cometer una
falta administrativa, expuso, como los ocurridos en 2018 en los municipios de
Navojoa, General Plutarco Elías Calles, Hermosillo y Caborca, Sonora.
El reglamento deberá ser dado a
conocer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para recabar su opinión
antes de ser publicado, y se realizará en estricta observancia del respeto a
los derechos humanos con perspectiva de género, además deberá contener los
derechos y obligaciones de los detenidos, arrestados y personas que acudan a
los separos preventivos; y la regulación de la administración y funcionamiento
por parte de las direcciones de seguridad pública correspondientes.
Deberán establecer de manera
precisa las facultades y restricciones de los servidores públicos adscritos a
los separos preventivos, cuyas instalaciones deberán contar como mínimo con una
ventilación adecuada, cámaras de video vigilancia, monitoreo constante, un
debido registro de ingresos y salidas, asistencia médica, alimentación
oportuna, colchones dignos para pernoctar y sanitarios higiénicos.
Este Decreto entrará en vigor a
los 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado, a fin de dar tiempo a los ayuntamientos para hacer las adecuaciones de
instalaciones y de índole presupuestal para llevar a cabo las medidas mínimas
aprobadas por el Congreso del Estado.
APRUEBAN DOS ACUERDOS
En el desarrollo de la sesión
ordinaria, el Pleno legislativo aprobó un Acuerdo que resuelve exhortar al
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que informe a la Tribu Yaqui,
de manera desglosada, sobre los recursos públicos destinados a su comunidad en
los ejercicios presupuestales de 2019 y 2020, los atiendan y den solución a la
problemática que les planteen.
El diputado Rodolfo Lizárraga
Arellano informó que diversas autoridades de la Tribu Yaqui le solicitaron, de
manera verbal y por escrito, que hablara a nombre de ellos en la tribuna del
Congreso del Estado, a efecto de solicitar a las autoridades de los tres
órdenes de gobierno los informen, atiendan y le den solución a los problemas
que les planteen.
“En este Pleno tenemos claro que
es inadmisible la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Las autoridades deben ser transparentes y poner a disposición toda la
información a los gobernados, máxime si es una comunidad que necesita que se le
apoye para su desarrollo por las condiciones de marginación y atraso en las que
se les tenía, como las comunidades indígenas”, aseveró el legislador.
El exhorto también está dirigido
a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades
Indígenas, para que informe a le etnia, de manera desglosada, los recursos
públicos destinados a esa comunidad durante los ejercicios presupuestales de 2019
y 2020, los atiendan y den solución a la problemática que plantean, así como a
los presidentes municipales de Guaymas, Bácum, Cajeme y San Ignacio Río Muerto,
con la misma solicitud.
El segundo Acuerdo con exhorto
está dirigido a la titular del Poder Ejecutivo estatal, al Director General de
Transporte y al Delegado Regional de Transporte de Nogales, para que apliquen
la tarifa estudiantil prevista en la fracción I, inciso C) del Artículo 89 de
la Ley de Transporte del Estado de Sonora, con el objeto de que se realicen
todas las acciones y diligencias necesarias para que se garantice el
cumplimiento efectivo del derecho fundamental estudiantil de contar con un
transporte público y gratuito para el ciclo escolar 2020-2021.
La diputada María Dolores Del
Río Sánchez informó que el pasado 1° de julio recibió un oficio suscrito por el
estudiante nogalense Kevin Román Pineda Gómez, en representación de la
comunidad estudiantil de la Universidad de Sonora campus Nogales, del Instituto
Tecnológico de Nogales y de la Universidad Binacional, del que se desprende una
demanda ciudadana en relación con la tarifa estudiantil prevista en la Ley de
Transporte y que ellos no han gozado de ese derecho fundamental de transporte
público y gratuito.
De acuerdo a lo dispuesto en la
Ley, a partir del 21 de julio de 2014, todos los estudiantes sonorenses tienen
el derecho a dos pasajes gratuitos diarios en el transporte público, sin
embargo, han transcurrido seis ciclos escolares desde entonces y se ha
completado, el pasado 24 de agosto que inició el ciclo escolar 2020-2021, un
plazo vencido de dos mil 226 días naturales sin que el Ejecutivo estatal haya
cumplido con su deber legal, sostuvo.
La iniciativa con punto de
Acuerdo generó la participación de los diputados Jesús Alonso Montes Piña,
Leticia Calderón Fuentes, Miguel Ángel Chaira Ortiz, Nitzia Corina Gradías
Ahumada, Eduardo Urbina Lucero, Gricelda Lorena Soto Almada y Carlos Navarrete
Aguirre, quienes coincidieron que se debe cumplir con la norma y respaldaron la
propuesta.
Al Acuerdo se le adicionó un
segundo punto, a propuesta del diputado Urbina Lucero, para que la Presidencia
de la mesa directiva del Congreso del Estado esté atenta a la respuesta al
exhorto por parte de las autoridades en un término de 15 días hábiles y, de no
ser así, conocer las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a lo que
establece la Ley de Transporte.
El diputado Luis Armando Colosio
Muñoz, presidente de la mesa directiva, citó a la próxima sesión del Pleno
(presencial) para el martes 15 de septiembre, a las 10:00 horas.
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