HERMOSILLO.- Por considerar que la Ley que crea el
Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios ha quedado desfasada y sirve de poco
a las necesidades del sector inmobiliario, los integrantes de la Comisión de
Desarrollo Urbano aprobaron un proyecto de nueva ley de servicios inmobiliarios
para el Estado de Sonora, misma que será presentada a aprobación del Pleno del
Congreso del Estado en una próxima sesión.
Los diputados de la comisión que
preside la diputada Gricelda Lorena Soto Almada votaron a favor del proyecto
que se basó en una iniciativa del diputado Jorge Villaescusa Aguayo, quien
informó que con esta nueva legislación, el Estado de Sonora estará a la
vanguardia por dos factores: su alto crecimiento y su ubicación como entidad
fronteriza.
La Ley que actualmente rige la
materia se publicó el 23 de mayo de 2002 en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado y, en su momento, puso a Sonora a la vanguardia al ser una de las
primeras entidades del país que creó un registro estatal inmobiliario,
obligando a los asesores profesionales en esta materia a cumplir con ciertos
requisitos para llevar a cabo su labor, con lo que se logró otorgar mayor
certeza a las transacciones de bienes inmuebles, destaca uno de los considerandos.
“Sin embargo, a casi dos décadas
de su entrada en vigor y tomando en consideración las escasas adecuaciones que
ha sufrido a lo largo del tiempo, queda claro que la referida Ley que crea el
Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios ha quedado desfasada y sirve de poco
a las necesidades del sector inmobiliario”, agrega.
El diputado Villaescusa Aguayo
expuso que gracias al crecimiento en el Estado ha proliferado un número
importante de empresas dedicadas a bienes raíces, y aumentado el número de
agentes inmobiliarios, de ahí la importancia de sentar las bases con una nueva
Ley.
La Comisión de Desarrollo
Urbano, en conjunto con la de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático,
aprobó el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de Sonora,
con base a una iniciativa del diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz.
Se trata de incluir, como parte
de las obligaciones de los desarrolladores inmobiliarios que operen en el
Estado, que las casas habitación que se entreguen a los adquirientes de estas,
cuenten con, por lo menos, un árbol plantado dentro del inmueble entregado, que
sea de naturaleza endémica y que contribuya a la mejora de la calidad del medio
ambiente, además de fomentar la cultura del cuidado y protección del medio
ambiente.
“Contar con árboles endémicos en
cada casa habitación que se construya en el Estado representa grandes
beneficios para los adquirientes, pero también para la sociedad en su conjunto,
toda vez la vegetación ayuda a disminuir los contaminantes a través del proceso
natural de absorción de dióxido de carbono que realizan todas las plantas,
especialmente los árboles”, expresó el diputado Chaira Ortiz.
Con este proyecto, que fue
aprobado por mayoría, se busca reformar el párrafo tercero y adicionar un
párrafo cuarto a la fracción I del Artículo 79 de la Ley de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano del Estado de Sonora, en el entendido de que
todo proceso de construcción para urbanización y asentamientos humanos, aún y
cuando se trata de procesos necesarios y de innegable importancia para el
desarrollo de la sociedad, no dejan de provocar daño y deterioro ambiental
constante, tanto durante su construcción como a lo largo de su vida útil.
La Comisión de Desarrollo Urbano
aprobó otro proyecto de decreto para reformar los artículos transitorios
tercero, cuarto y quinto de la Ley de ordenamiento territorial y desarrollo
urbano del Estado de Sonora, la cual fue publicada en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado el 11 de junio de 2018 e impone en sus disposiciones
transitorias diversas obligaciones a cargo de las autoridades estatales y
municipales en la materia, con el fin de que ajusten sus actuaciones a lo que
dispone.
La diputada Gricelda Lorena Soto
Almada, autora de la iniciativa, explicó que los plazos establecidos en los
transitorios tercero, cuarto y quinto de la legislación ya concluyeron, sin que
la totalidad de las autoridades en la materia hayan dado cumplimiento a los
mismos, especialmente las autoridades municipales que no cuentan con los recursos
para acatar cabalmente dichas disposiciones.
Agregó que además de generar
responsabilidades administrativas para los sujetos obligados, también podría
ocasionar problemas en lo relativo a la legalidad de las autorizaciones para
urbanización que expidan las autoridades, con base en la propia Ley,
precisamente por no haber satisfecho los requisitos que emanan de los
transitorios, además de los problemas que podrían derivarse hacia los
particulares en el fundamento legal de sus inmuebles.
Un ejemplo es el Artículo Quinto
Transitorio, en el que se estableció un plazo de seis meses a partir de la
entrada en vigor de la norma (12 de junio de 2018), para que el Gobierno del
Estado y los gobiernos municipales convocaran a las sesiones de instalación de
los consejos locales y municipales de ordenamiento territorial, desarrollo
urbano y metropolitano, sin que se cumpliera con lo aquí establece.
Los integrantes de la Comisión
de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático aprobaron enseguida el proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del
equilibrio ecológico y protección al ambiente del Estado de Sonora, y el que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de ordenamiento territorial
y desarrollo urbano del Estado de Sonora, una vez estudiadas las iniciativas
que presentó el diputado Luis Mario Rivera Aguilar.
En la primera de las propuestas
el propósito es que las autoridades estatales y municipales garanticen la
existencia de una proporción de nueve metros cuadrados de área verde por cada
habitante en zonas urbanas, y se contemple para su forestación la selección de
especies endémicas.
En el segundo proyecto se busca
definir una serie de parámetros legales para garantizar la creación de espacios
públicos verdes en las zonas urbanas del Estado, que cuenten con vegetación
nativa o de bajo consumo hídrico y la infraestructura urbana que proporcione a
la población servicios ambientales y sociales, como la captura de carbono,
protección de biodiversidad, mejora de la calidad del aire, control de
temperatura urbana, calidad de vida, integración social y actividad física para
los usuarios.
A consideración de la
dictaminadora, ambas iniciativas se complementan entre sí, ya que afectan dos
ordenamientos distintos con un propósito similar: garantizar la calidad y la
cantidad de áreas verdes dentro de las urbanizaciones del Estado, como una
forma de combatir la contaminación y mejorar el medio ambiente, ya que la falta
de acceso a las áreas verdes tiene una fuerte correlación con el deterioro de
la salud física y mental de la población.
Los cuatro proyectos aprobados
serán remitidos a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para
que sean presentados ante el Pleno en la sesión ordinaria que corresponda.
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