HERMOSILLO.- Para cerrar cualquier atenuante a los violadores y
acabar con un vacío en el Código Penal para el Estado de Sonora, la LXII
Legislatura aprobó que se castigue a quienes cometan el delito de violación sin
importar que exista una relación matrimonial, de concubinato o de pareja,
conducta por la que se podrá presentar querella y cuya sanción será de cinco a
15 años de prisión.
De
acuerdo al dictamen presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos,
con esta medida se busca dejar claro que en el Estado de Sonora no se tolerarán
este tipo de conductas de alto grado de nocividad, además de significar una
expresión congruente con el principio de equidad de género que la legislación
punitiva reconoce para un delito cuyas víctimas y victimarios pueden ser tanto
hombres como mujeres.
Esta
dictaminadora estudió la iniciativa presentada por la titular del Poder
Ejecutivo estatal, quien planteó ante esta Soberanía la importancia de destacar
que actualmente las mujeres que han vivido esta experiencia por parte de su
esposo, concubino o pareja, no pueden interponer querella ante las agencias
especializadas en delitos sexuales por el delito de violación.
Agrega
en su iniciativa, la cual presentó con base a una propuesta que hizo la
Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, que al no poder
interponer querella, las afectadas no pueden obtener una medida de protección
ni ser atendidas por la autoridad especializada, re victimizando a la mujer al quedar
desprotegida, lo cual obedece a un vacío en el Código Penal para el Estado de
Sonora.
El
Decreto, al que dio lectura la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada, adiciona
un tercer párrafo al Artículo 218 del Código, en el que en uno de sus
considerandos destaca que, si bien es cierto, es importante combatir todas las
manifestaciones de la violencia contra la mujer, también es verdad que debe
ponerse especial atención a la relacionada con los delitos sexuales.
Sobre
todo, agrega, en lo que se refiere a la violación sexual, ya que esta conducta
es la más aberrante de todas y la que mayores consecuencias físicas y
psicológicas deja en las víctimas, pues lesiona su derecho a vivir libre de
todo tipo de violencia, así como su libertad sexual y el libre desarrollo de su
personalidad, especialmente cuando el agresor es una persona con la que el sujeto
pasivo convive en su vida diaria, por formar parte de su familia y la que le
debería tener mayor confianza.
TURNAN INICIATIVAS A COMISIONES
En
esta sesión ordinaria, la Presidencia turnó a las comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales, y Anticorrupción, una iniciativa con proyecto de
decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de las leyes orgánicas de
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley que crea la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, de la Ley de Justicia Administrativa, de la Ley de
Fiscalización Superior, y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
La
diputada Diana Platt Salazar propuso que a los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial del Estado, así como a los 72 municipios y a los organismos
constitucionalmente autónomos, por Ley se les prohíba a sus servidores públicos
contratar seguros de vida y de gastos médicos a cargo del presupuesto de cada
una de las instituciones para las cuales trabajen.
Lo
anterior permitirá que el ejercicio de los recursos públicos que se emplean en
la actualidad para pagar los referidos seguros se puedan re direccionar a otros
rubros del gasto público, con el fin de atender las necesidades de mayor
demanda por parte de la población sonorense, sostuvo la legisladora.
Las
comisiones de Educación y Cultura, y Segunda de Hacienda, estudiarán por su
parte la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de
Sonora para el ejercicio fiscal 2019, y de la Ley del Instituto de Becas y
Crédito Educativo del Estado de Sonora, que fue presentada por el diputado
Jesús Alonso Montes Piña.
El
legislador explicó que se busca fortalecer la capacidad financiera de dicho
instituto, a fin de otorgar mayores becas, estímulos y créditos educativos a
los estudiantes sonorenses, para lo cual propuso, entre otras medidas, la de
otorgar estímulos fiscales a las personas físicas o morales que donen recursos
para el otorgamiento de becas, de manera que los montos que aporten puedan ser
reducidos del pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.
Y
a la Comisión de Seguridad Pública se envió para estudio la iniciativa
presentada por el diputado Carlos Navarrete Aguirre, con proyecto de decreto
que reforma diversas disposiciones de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales
y Medidas de Seguridad del Estado de Sonora, con el objeto de plasmar en la
norma la obligatoriedad de brindar educación a los ciudadanos privados de su
libertad para que, al cumplir con su condena, puedan reinsertarse en la
sociedad con los conocimientos necesarios para ello.
Agregó
que en dicha legislación sí se prevé que se imparta educación dentro de los
centros de readaptación social, pero lo deja a criterio de los directivos en
turno, ya que establece que procurarán celebrar convenios para ello y se
imparta educación en los centros, de acuerdo a la posibilidad de los recursos
etiquetados.
Antes
de clausurar la sesión, el diputado Martín Matrecitos Flores, presidente de la
mesa directiva, sometió a votación una propuesta presentada por la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, a efecto de que el Pleno
sesione el viernes 22 de noviembre en lugar del martes 19, lo cual quedó
aprobado.
La
próxima ordinaria se celebrará el jueves 21 de noviembre, a las 10:00 horas.
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