Al inicio de la sesión, la presidenta de la mesa directiva, María
Magdalena Uribe Peña, sometió a consideración de la asamblea un orden del día
alterno con las firmas de 17 diputados, a efecto de omitir el punto cuatro
relativo al dictamen de reforma electoral, propuesta que fue aprobada por
mayoría. En este punto se incluía además un voto particular de los diputados
Gricelda Lorena Soto Almada, Héctor Raúl Castelo Montaño y Norberto Ortega
Torres.
En el desarrollo de la penúltima sesión del periodo ordinario
prorrogado, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP,
presentó la iniciativa con proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, con un enérgico llamado al respeto de nuestros héroes de la salud,
por considerar lamentable que para el 19 de abril, la CONAPRED ya había
recibido 140 denuncias por discriminación derivada de la emergencia sanitaria,
de las cuales más del 25 por ciento fueron interpuestas por personal de salud.
Se trata de una norma que toma de base las recomendaciones de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a
efecto de que quienes habitan el Estado, tengan lo mínimo indispensable para su
subsistencia. Propone que, en casos de emergencia o excepción, como el que
actualmente nos encontramos, los gobiernos estatal y municipales deberán
encargarse, sin mayor trámite, de garantizar la subsistencia alimentaria de los
grupos más vulnerables de la población.
“Las medidas generales de aislamiento y distanciamiento social han
exacerbado la precariedad a los grupos de mayor vulnerabilidad, como las
personas que viven en condición de pobreza, los adultos mayores y personas con
capacidades diferentes”, dice en otro de los considerandos que hace referencia
el Decreto emitido el pasado 25 de marzo por la titular del Poder Ejecutivo
estatal, en el cual menciona los programas alimentarios para los que se
encuentran en extrema vulnerabilidad.
Lo que se busca al aprobar esta Ley es tener una política permanente
que garantice el derecho humano fundamental de acceso a la seguridad
alimentaria y nutricional, dice la parte expositiva.
“Proponemos reformar el Código Penal del Estado de Sonora para
establecer penas específicas en contra de aquellos que agredan o discriminen al
personal de salud, así como en contra de aquellos que causen daños en
hospitales o centros de salud que brinden atención durante una emergencia
sanitaria”, establece uno de los considerandos del Decreto aprobado junto con
la Ley.
Se modificó la denominación del Capítulo IV del Título Cuarto del libro
segundo para quedar como sigue: Delitos cometidos contra servidores y
funcionarios públicos, así como los artículos 164, 165 y 175 BIS, párrafos
primero y cuarto, y se adiciona el Artículo 164 BIS.
Adicionalmente se aprobaron reformas a la Ley de Salud, con la
finalidad de establecer medidas y beneficios que protejan no sólo al personal
de salud, sino a sus dependientes, por lo cual se brindará a quienes prestan
sus servicios durante la emergencia sanitaria, un bono extraordinario de cuando menos el cinco
por ciento de su salario y la habilitación de alojamientos o albergues mientras
transcurre la epidemia para mantener a salvo a sus familias de posibles
contagios.
Además, dotación completa y suficiente de equipo de protección para
evitar contagios, pago de bono extraordinario para apoyo de alimentos o vales
de despensas, ayuda para cuidados de dependientes que lo requieran, como pueden
ser guarderías; garantía de servicio médico integral en caso de que enfermen en
cumplimiento de su deber; indemnización de cuando menos cinco mil días de
salario en caso de muerte; e incapacidad total a consecuencia de la enfermedad
transmisible, entre otros.
En la Ley de Salud también se actualizan las obligaciones sobre
vigilancia de enfermedades transmisibles y notificaciones inmediatas a la
autoridad sanitaria en cuanto se detecten aquellas que motiven o hayan motivado
una declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, o
declaración de contingencia o emergencia sanitaria epidemiológica dictada por
autoridad estatal o federal.
En el desarrollo de esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó un Decreto
que autoriza a la Gobernadora del Estado a afectar las participaciones que en
ingresos federales correspondan al Estado, a favor del Instituto Mexicano del
Seguro Social, lo que permitirá que trabajadores de universidades tecnológicas
del Estado de Sonora puedan incorporarse voluntariamente al régimen obligatorio
del IMSS.
De la misma manera, el Poder Ejecutivo estatal se constituirá en
obligado solidario de los siguientes organismos públicos descentralizados
denominados: Universidad Tecnológica de Etchojoa, Universidad Tecnológica de
Guaymas, Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, Universidad Tecnológica de
San Luis Río Colorado, Universidad Tecnológica del Sur de Sonora y Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo.
Las referidas instituciones deberán formalizar el convenio de
incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social a los
trabajadores a su servicio, destaca uno de los considerandos del Decreto que
presentaron en conjunto la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, asociada del
Secretario de Gobierno, y los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política, CRICP.
En la exposición de motivos se establece que en diversas ocasiones, los
trabajadores de las mencionadas instituciones de educación superior habían
solicitado al Poder Ejecutivo estatal que se constituyera en obligado solidario
de dichos organismos públicos del Estado, para que se formalizara el convenio
con el que se les permitiera incorporarse voluntariamente al régimen
obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Agrega que, en términos del párrafo segundo del Artículo 232 de la Ley
del Seguro Social, para lograr la incorporación al IMSS de las personas que
prestan sus servicios a las instituciones educativas estatales mencionadas, es
necesario que el Poder Ejecutivo estatal cuente con la aprobación del Congreso
del Estado para que pueda otorgar como garantía las participaciones federales
que correspondan al Estado, a fin de que esté en condiciones de cumplir sus
obligaciones con el instituto.
También fue aprobado el Decreto que adiciona diversas disposiciones al
Código Penal del Estado de Sonora, a efecto de inhibir la conducta de auxilio
al crimen organizado y crear un tipo penal de la conducta conocida como
atentado contra la seguridad de la comunidad, y se propone una sanción de
cuatro a diez años de prisión, además de una multa de doscientas a
cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La CRICP presentó esta iniciativa que surge de la búsqueda de
alternativas inhibitorias de la participación de ciudadanos en conductas que
auxilien al crimen organizado y atenten contra la seguridad de los habitantes
de cualquier población, además contempla excluyentes de responsabilidad para
las personas que demuestren haber realizado alguna de las conductas como parte
del desempeño habitual de una función periodística.
“Consideramos que con las anteriores precisiones se salvaguarda la
protección de derechos humanos, así como el derecho a la información, al tiempo
que consolida la conducta de auxilio al crimen organizado o “halconeo”, como un
tipo penal específico”, destaca.
Enseguida aprobó el Pleno el Acuerdo que resuelve que, en ejercicio de
la atribución conferida por los artículos 84, 86 y 92 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, se aprueba la integración de la diputada María Magdalena
Uribe Peña en la Comisión de Administración, en sustitución del diputado
Filemón Ortega Quintos.
OTROS ASUNTOS DE LA SESIÓN
En el orden del día siguió la presentación de una iniciativa con
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Salud para
el Estado de Sonora y a la Ley de Salud Mental del Estado de Sonora, presentada
por la diputada Leticia Calderón Fuentes, con el objeto de que se implementen
campañas de información y acciones de prevención de contagios, que se dirijan
principalmente a lugares de alta concurrencia, como aeropuertos, centrales de
transporte, centrales de abasto, mercados, escuelas, centros comerciales,
plazas públicas y centros religiosos.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Salud, misma que junto con la
de Asuntos del Trabajo estudiará la presentada por el diputado Rodolfo
Lizárraga Arellano, con proyecto de decreto que reforma el Artículo 35 de la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado de Sonora, para que los familiares derechohabientes gocen por cinco años
de la pensión íntegra, y al sexto año la pensión disminuya un diez por ciento
hasta llegar a la mitad de la pensión original.
A este punto siguió la presentación de la iniciativa con punto de
Acuerdo con el que el diputado Luis Mario Rivera Aguilar propuso exhortar al
Director General del Centro Nacional de Control y Energía, CENACE, y al
Director de Operación y Planeación del Sistema Interconectado Nacional, SIN,
para que proporcionen a esta representación información detallada relativa al
“Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y
seguridad del sistema eléctrico nacional con motivo de la epidemia de
enfermedad por el virus Sars-cov2 (Covid-19)”. Se aprobó por unanimidad.
En el mismo sentido se aprobó la Iniciativa presentada por la diputada
María Magdalena Uribe Peña, con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder
Legislativo resuelve exhortar a la Gobernadora Constitucional del Estado de
Sonora, para que en el uso de sus facultades considere dentro del Plan de
Reactivación Económica con motivo de la Pandemia por el COVID-19, una estrategia
especial para el turismo en Sonora.
Y para que el Gobierno del Estado y la Secretaría de Economía estatal
formulen y ejecuten un plan de reactivación económica en la entidad, en el que
se apoye a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los
comerciantes, con el objeto de superar paulatinamente los estragos financieros
que ha provocado la emergencia sanitaria, la diputada Miroslava Luján López
presentó una iniciativa con punto de Acuerdo, mismo que fue aprobado por la
asamblea.
El diputado Martín Matrecitos Flores presentó una iniciativa con
proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, con el objeto de que los ayuntamientos celebren
sesiones y éstas se transmitan por las diferentes plataformas tecnológicas, lo
que permitirá que continúen sus funciones y se proteja la salud de sus
integrantes. Se aprobó por unanimidad.
En el orden del día siguió la presentación del proyecto de Ley que
declara las fechas cívicas del Estado de Sonora, una nueva normatividad que
propone darle mayor realce a la celebración de aquellas fechas cívicas que se
han declarado formalmente como importantes en el Estado, en las que se celebran
acontecimientos históricos que han incidido de manera importante y trascendente
en la historia del Estado.
Al entrar en vigor esta legislación, quedarán abrogadas las siguientes
leyes: Ley que declara Día de Luto en el Estado, el 17 de julio; Ley que
declara día solemne el 7 de noviembre de cada año; Ley que declara los días
estatales de las gestas heroicas de los municipios de Guaymas, Caborca, Ures,
Cananea y Nogales.
Los puntos 15, 16 y 17 del orden del día fueron dictámenes presentados
por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el primero que
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonora, con el objeto de cambiar la denominación de la
Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana del Ejecutivo, para quedar como
Secretaría Técnica.
Las funciones de atención ciudadana, en lo sucesivo serán
responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Desarrollo Social, destaca uno de
los considerandos de la dictaminadora, que estudió la iniciativa de la titular
del Ejecutivo estatal.
El segundo dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales es con Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo, en
ejercicio de las facultades constitucionales que son de su competencia, según
lo establece el Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, aprueba en todas y cada una de sus partes, la Minuta con proyecto de
Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Bienestar.
El tercer dictamen resuelve aprobar la renuncia presentada por la
ciudadana Viridiana Dórame Romero, al cargo de Síndica Propietaria del
Ayuntamiento de Bavispe, Sonora, y una vez que la ciudadana Gabriela Rodríguez
Cervantes, quien fungía como suplente, renunció a ocupar el cargo, se aprobó
que la ciudadana Sorayma Peralta Cuevas, regidora propietaria, ejerza las
funciones de Síndica Municipal.
En el orden del día siguió la presentación de un informe por parte del
diputado Lázaro Espinoza Mendívil, sobre la instalación de la Comisión Especial
COVID-19 el pasado 20 de mayo, y posteriormente la diputada María Magdalena
Uribe Peña presentó un posicionamiento en relación con las familias y el
personal en la primera línea de atención por la emergencia sanitaria en el
Estado de Sonora.
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